Con el argumento de que tienen que ser “los primeros en dar el ejemplo a la sociedad”, el senador de La Unión Mendocina, Marcos Quattrini, presentó un proyecto para que tanto los legisladores como los funcionarios de Mendoza se sometan a estudios toxicológicos. Y, en caso dar resultado positivo, sean suspendidos de sus funciones públicas.
El dirigente de la Coalición Cívica local apunta a que legisladores y funcionarios deberán demostrar si tienen “alguna problemática” de consumo de estupefacientes. En caso de que sea así, para Quattrini, esta situación podría afectar el desempeño de los mismos en sus cargos o funciones públicas.
“El consumo problemático de drogas ilegales se manifiesta en cualquier conducta que no se pueda controlar y que afecte la salud física, psíquica o las relaciones laborales y sociales, de quien consume. Frente a este consumo la conducta de los agentes que desempeñan un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado puede verse gravemente afectada en cuanto a su obligación de apegar su conducta a los principios de legalidad, honradez, probidad y eficiencia”, fundamentó el senador en su proyecto.
La iniciativa que cuenta con nueve artículos, apunta a que tanto diputados, senadores como funcionarios públicos deben brindarse a la sociedad y ser “un modelo a seguir”.
“Los funcionarios de los estados provincial y municipal son los primeros que deben dar el ejemplo de ética, de moralidad, de buena conducta y probidad. No alcanza con que los funcionarios demuestren su deseo de que se luche contra las drogas, sino que deben dar el ejemplo en su día a día”, expresó Quattrini.
El primer artículo de la norma señala como requisito para permanecer en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública que no se tiene que ser consumidor problemático de drogas ilegales.
Quattrini propone que quienes tengan responsabilidades en el Ejecutivo y el Legislativo se realicen con “carácter obligatorio” un examen anual de orina que permitirá la “detección de metabólicos de drogas”. En el estudio se realizarán dos muestras que estarán identificadas como “Frasco A y Frasco B”.
Si la muestra es positiva, el legislador o funcionario “tendrá derecho a exigir la contraprueba”. En caso de confirmarse “la presencia de metabólicos de drogas prohibidas”, deberá ser suspendido, “respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación, y considerándose dentro del régimen de licencias vigente”.
El encargado de auditar los procesos de “recuperación” será el propio Estado provincial. Mientras el responsable de llevar adelante los análisis será Cuerpo Médico Forense.