El peronismo mendocino presentó este miércoles una denuncia ante la Suprema Corte contra el decreto del gobernador Rodolfo Suarez para refinanciar la deuda pública en dólares sin pasar por la Legislatura. También le pedirá a la Nación que no habilite el Ejecutivo provincial a emitir los títulos públicos que dispone la normativa.
El Frente de Todos (FdT), al igual que el Partido Verde, busca evitar que el Gobierno refinancie los pagos que debe enfrentar este año sin tener el aval de los legisladores.
La estrategia oficial fue interpretar un artículo de la ley de Administración Financiera (8.706) para esquivar ese paso, ya que en la Casa de las Leyes necesitaría del voto de los dos tercios, es decir, el acompañamiento opositor.
“Hicimos un planteo de inconstitucionalidad de no innovar en la Justicia para impedir que el Gobernador ejecute este acto. La Constitución establece que si modifica el stock de deuda debe pasar por la Legislatura”, afirmó Lucas Ilardo, jefe del bloque opositor en el Senado, en una conferencia de prensa.
“Suarez viola ese artículo, aunque el fiscal de Estado (Fernando Simón) le advirtió que lo que está haciendo no es legal. Es la primera vez en la historia que se hace caso omiso a esto”, agregó el legislador kirchnerista.
La semana pasada el mandatario firmó el decreto 2.502, que salió publicado en el Boletín Oficial, que estableció un “roll over” de la deuda que debe afrontar la Provincia este año, por alrededor de 128,7 millones de dólares.
El Ejecutivo, basándose en la ley de Administración Financiera, dispuso la emisión de títulos públicos en moneda local por la suma equivalente de 81.500.000 dólares, con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses.
“El artículo (41) de la Constitución habla de que toda deuda debe pasar por la Legislatura. El artículo 68 de la ley de Administración no da respaldo, porque la Constitución está por encima. El procedimiento es inconstitucional. Y si no, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, declaró German Gómez, jefe del bloque de Diputados del FdT.
A su vez, el peronismo señaló que Suarez “está tergiversando la palabra restructuración” y que “está intentando tomar nueva deuda y haciéndolo pasar como si fuera una restructuración, eso está prohibido”. Además, aseguraron que le pedirán al Ministerio de Economía de la Nación que no autorice a la Provincia a emitir los títulos públicos que pretende.
En noviembre, la Fiscalía de Estado advirtió que Hacienda no está autorizada a realizar esta renegociación sin pasar por la Legislatura. El titular del órgano de control, Fernando Simón, aseguró que la operatoria tiene como consecuencia que el pago de la amortización de deuda no se realizaría con fondos de la Provincia, sino con recursos provenientes de un nuevo endeudamiento que se tomaría con otro acreedor.
De esta manera, el fiscal interpreta que esto es tomar una nueva deuda para pagar otra, y que no se trata de una reestructuración, por lo tanto debería tener el aval legislativo. Por su parte, Hacienda defiende su estrategia sosteniendo que el artículo 68 de la nombrada ley sí lo habilita a tomar por decreto un préstamo para pagar la amortización de lo que la Provincia debe.
Por su parte, Fiscalía de Estado está trabajando en una presentación judicial para pedir la inconstitucionalidad del decreto, que estaría lista antes de que finalice el mes de enero.
Por el mismo motivo, el Partido Verde, tercera fuerza en la Casa de las Leyes, interpuso una acción contra el Ejecutivo para declarar “la inconstitucionalidad y nulidad” de la normativa gubernamental, junto a una medida cautelar.