El Consejo de la Magistratura de Neuquén declaró fracasado el concurso para cubrir el cargo de juez de Ejecución Penal de Zapala. La decisión fue adoptada por unanimidad de sus siete integrantes este lunes, durante la última sesión del año.
Entre los postulantes se encontraba el juez Sebastián Sarmiento, cuya situación institucional en Mendoza resultó determinante para que el proceso no avanzara hacia una designación.
Según publican medios de Neuquén, el Consejo de la Magistratura de esa provincia aún no dio a conocer los fundamentos de la determinación. En tal sentido, se espera que se emita una acordada en los próximos días para explicar los motivos de la decisión y el correspondiente llamado a un nuevo concurso para cubrir el puesto.
El antecedente inmediato en Mendoza
El pasado jueves 11 de diciembre, el Jury de Enjuiciamiento de Mendoza aceptó las denuncias contra Sarmiento, acusado de desorden de conducta y presunto mal desempeño en el ejercicio de su cargo.
Con 13 votos a favor y 8 en contra, el órgano encargado de sancionar y eventualmente destituir a magistrados provinciales resolvió avanzar con la investigación contra el titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1.
El juez quedó bajo la lupa del oficialismo provincial a partir de una serie de resoluciones judiciales cuestionadas, entre ellas la decisión de suspender el retiro de teléfonos celulares en las cárceles mendocinas.
El concurso neuquino
El proceso impulsado en Neuquén buscaba cubrir una vacante sensible dentro del sistema penal, con competencia en la etapa de ejecución de las penas.
Sarmiento encabezaba el orden de mérito, con evaluaciones favorables tanto en antecedentes como en los exámenes académicos, según fuentes judiciales.
Pese a ese desempeño, el Consejo resolvió no elevar ningún nombre a la Legislatura y dar por concluido el concurso. El elemento central fue la existencia de un jury de enjuiciamiento en curso en Mendoza, con suspensión vigente.
Desde el ámbito judicial neuquino se interpretó que un proceso disciplinario abierto en otra provincia resultaba incompatible con avanzar en una designación para un cargo de estas características. De ese modo, quedó cerrada —al menos por ahora— la posibilidad de cubrir la vacante con alguno de los postulantes evaluados.
El juez de Ejecución Penal del interior neuquino se ocupa de la situación de todas las personas condenadas fuera del área capital. Tiene asiento de funciones en Zapala y el cargo está vacante desde la jubilación de Alicia Rodríguez.
El proceso disciplinario en curso
El juicio político contra Sarmiento se sustenta en cinco hechos que el Jury consideró suficientes para habilitar el proceso.
Entre ellos figura la concesión de una libertad condicional a un condenado que meses después asesinó al policía retirado Héctor Pelayes durante un asalto en Guaymallén, uno de los antecedentes más relevantes incorporados al expediente.
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También se analizan otras resoluciones vinculadas a personas privadas de la libertad que reincidieron en delitos graves, además de cuestionamientos por presunto desorden de conducta.
La resolución adoptada semanas atrás implicó la suspensión del magistrado y el cobro del 50% de su salario mientras se desarrolla el trámite. El proceso prevé ahora una etapa de presentación y producción de pruebas, antes de un eventual debate que, según los plazos formales, no se realizaría antes de 2026.
La respuesta del magistrado
Esta semana, el Jury rechazó un pedido de nulidad presentado por Sarmiento, que cuestionaba la validez formal del acta que habilitó el juicio político y la suspensión preventiva. El planteo fue desestimado por 14 votos, lo que confirmó la continuidad del proceso sin modificaciones.
En un comunicado público, el juez sostuvo que su pedido tenía un carácter estrictamente técnico y apuntaba a resguardar las garantías del debido proceso. Afirmó que no se incorporaron ni valoraron pruebas ofrecidas por su defensa, entre ellas informes estadísticos oficiales, antecedentes jurisprudenciales coincidentes, documentación del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, y testimonios técnicos.
Desde el Jury, en cambio, se consideró que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente y que no existían irregularidades que impidieran su continuidad.