En medio de la polémica nacional por la situación laboral de los presos, el Gobierno de Mendoza indicó que no tiene los fondos para cumplir con la llamada ley Petri, para cumplir con el reclamo de vacaciones y aguinaldo que estipula. 

En Mendoza, son 700 los presos que trabajan. La mayoría de ellos dependen del sueldo que les paga el Estado Provincial, que oscila entre los 700 y los 2000 pesos. Pero el fallo de la Cámara de Casación Penal de la Plata, que marca hacer cumplir la ley nacional 24660, deja a los internos mendocinos en situación de inequidad laboral frente a los presos federales. Por eso, en el Ejecutivo provincial buscarán avanzar para el cumplimiento de la ley pero se encuentran con una traba: el presupuesto.

El ministro Rodolfo Lafalla señaló que, a pesar de estar privado de la libertad, un preso mantiene intactos otros derechos, como el de educarse y trabajar. “Cuando la persona está privada de su libertad, el objetivo -de la cárcel- es que cumpla con la pena y luego con la reinserción social”, argumentó sobre la posibilidad de que los presos cumplan con una obligación laboral intramuros. 

Sin embargo, atento al precedente que marca el fallo judicial, Lafalla reconoció hoy que “voy a tratar, pero estoy complicado” para poder cumplir con el aguinaldo y las vacaciones que marca la ley provincial 8465. La ley Petri, en el artículo 11, establece que los internos gozarán de los derechos a educarse y trabajar, así como también descanso y goce del tiempo libre.  

Pero Lafalla choca con la falta de fondos. “No tengo plata”, admitió el ministro de Gobierno. Con las partidas del Presupuesto 2015 cerrado y a punto de presentarse en la Legislatura, parece difícil que puedan incluirse partidas para cumplir con la ley. 

Cabe señalar un detalle: los presos que reclaman vacaciones no saldrán en libertad, sino que se quedarán en sus celdas o harán otras actividades. En la cárcel, el tiempo ocioso es considerado más como un problema en el sistema penitenciario. 

“Hay una inequidad judicial y laboral”

Desde la Procuraduría de las Personas Privadas de Libertad reconocieron también que hacen faltan recursos para cumplir con la ley Petri. “Más que una presentación judicial, vamos a charlar para ver qué medidas hay que dar. En Mendoza,  tenés detenidos provinciales que no van a tener esos beneficios. Ya tenes una inequidad a nivel judicial y ahora se nota mucho más en lo laboral”, remarcó Fabricio Imparado. 

A pesar de la polémica -que incluyó la propuesta de cobrarles a los internos por su estadía-, el procurador recordó que las ganancias de los presos que trabajan se destinan: un 10 por ciento para indemnizar a las víctimas del delito que cometieron; un 35 por ciento para la prestación de alimentos de sus hijos; otro 25 por ciento para los gastos que pueda provocar en la cárcel y un 30 por ciento para formar un fondo reserva que se utilizará cuando salga en libertad. 

“No lo defendemos de manera caprichosa. Si vemos cómo se distribuye es una de las herramientas fundamentales para reinsertarse y dejar de hacerle daño a la sociedad”, explicó Imparado, defendiendo la medida. 

“La oferta laboral es chica”

Según indicó Eduardo Orellana, titular del Servicio Penitenciario Provincial, los presos mendocinos trabajan principalmente en plomería, electricidad, carpintería y metalurgia. Además, hay cuatro empresas privadas de calzados, de mosaicos y una maderera que han contratado alrededor de 100 internos. El Estado provincial es el primer empleador, sobre todo, de los presos que realizan tareas de mantenimiento. 

No todos los presos pueden acceder a este beneficio laboral. Para ello, hay que cumplir con el requisito de la buena conducta y que tengan alguna experiencia laboral, aunque a veces las mismas empresas los capacitan. 

“Ha aumentado la población y también la cantidad de presos que quieren trabajar. En una cárcel sobrepoblada, la oferta laboral es chica”, concluyó Orellana.