En una sesión marcada por los cruces y el clima caliente, el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto dio despacho favorable al proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el Ejecutivo provincial. La idea del oficialismo es que la norma se trate y apruebe en primera instancia este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados.
El oficialismo radical avanzó en bloque, mientras que los legisladores peronistas optaron por abstenerse y reclamar más tiempo de debate. Desde el PJ advirtieron sobre las “inconsistencias graves” de la iniciativa, con eje en la estabilidad laboral y la reducción de indemnizaciones, y exigieron escuchar a los sindicatos.
Un punto álgido de la jornada estuvo en el intercambio que tuvieron Franco Ambrosini, presidente de la comisión de LAC, y Gabriela Lizana (Frente Renovador). En medio de la votación, la legisladora solicitó una vez más el tiempo necesario para un mejor debate de la propuesta y ante la interrupción de Ambrosini, se generó el contrapunto en el que también intervino la diputada Cinthia Gómez (PRO).
Pese a estas críticas, el oficialismo ratificó que mañana miércoles el proyecto llegará al recinto de Diputados, donde descuenta contar con los votos necesarios para aprobarlo y girarlo al Senado.
Reclamos
El diputado Jorge Difonso sostuvo que la iniciativa “rayaba lo inconstitucional” y advertía sobre el riesgo de “indemnizaciones millonarias que terminarán pagando todos los mendocinos”.
“El Ejecutivo fue inflexible y no aceptó propuestas. Nos empujaron a votar en contra”, lamentó.
José Luis Ramón directamente rechazó el proyecto al calificarlo como “una reforma para quitar derechos laborales” y advirtió que, de aprobarse, tendrá “ilegitimidad más allá de que se promulgue como Ley”.
“¿Se hizo el cálculo del costo en materia de juicios? ¿Se sabe a cuántos trabajadores públicos joderán?”, interpeló el legislador.
En la misma línea, Juan Pablo Gulino (PJ) pidió abrir el debate y cuestionó el apuro: “Si queremos una verdadera política de Estado, tenemos que construir normas que trasciendan gestiones. Hoy el oficialismo avanza por tener mayoría, pero sin consensos lo único que se logra es retroceder y avanzar para estar siempre en el mismo lugar”.
Por último, Lizana sostuvo: “La modificación se anuncia como modernización. Pero, leída en detalle, consolida un sesgo: coloca al empleado público bajo sospecha y convierte la estabilidad, garantía para que el Estado funcione, en un privilegio a recortar”.
“La discusión no es semántica. Es política y ética. Cuando una ley trata al trabajador estatal como problema, debilita al Estado que debe garantizar derechos. Modernicemos, sí. Pero sin menoscabar a quienes sostienen la educación, la salud, la seguridad y la justicia de Mendoza. El Estado no es una abstracción: es su gente”, concluyó.
El reclamo de ATE
El clima se tensó aún más cuando ATE Mendoza denunció que su secretario general, Roberto Macho, fue impedido de ingresar a la reunión. En un comunicado, el gremio estatal repudió el hecho de que no hayan podido ingresar al edificio de calle Espejo.
Las medidas de seguridad también predominaron. Previo a la sesión del plenario de comisiones de Diputados, el frente del anexo de la Cámara Baja lució vallado, para impedir incidentes y filtrar quiénes podían pasar.
Con sindicatos en pie de guerra, la oposición en contra de los plazos impuestos para el debate, y advertencias sobre posibles litigios judiciales, la reforma del Estatuto del Empleado Público será tratada este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo anticipa que, pese a la resistencia, impondrá su mayoría.