El Gobierno nacional aumentó su presión en favor del polémico artículo 90 del proyecto de Presupuesto 2023, que propone que Cammesa, la empresa mayorista de energía eléctrica, se cobre las deudas de las distribuidoras provinciales a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables.
La luz roja se encendió en la administración de Rodolfo Suarez porque si ese punto avanza en el Congreso, Mendoza será “solidariamente responsable” de la deuda de $11.343 millones que mantiene Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia, con Cammesa.
Más allá de los cuestionamientos y las negociaciones en el Congreso para modificar el artículo, la Secretaría de Energía de la Nación avanza con su plan. Incluso condicionó el financiamiento de obras eléctricas claves a que “la provincia esté al día con Cammesa”.
La reacción del Gobierno provincial pasó de la sorpresa al repudio. “Ya no saben cómo sostener el artículo 90”, protestaron cerca de Suarez.
Flavia Royón, secretaria de Energía, se presentó ante la Comisión de Presupuesto a comienzos de octubre. Allí, tras admitir las complicaciones que sufre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), encargado del transporte de la energía, informó que el proyecto de Presupuesto 2023 incluye “una inversión de más de $6.100 millones que para canalizar la inversión pública en transporte de alta tensión”.
Parte de ese financiamiento proviene del Plan Federal de Transporte Eléctrico III, un programa nacional que compromete la realización de obras en la gran mayoría de las provincias. En tal sentido, la propuesta del gobierno mendocino fue la ampliación de Estación Transformadora 220kV Mendoza Norte, un proyecto considerado estratégico por las autoridades locales.
“Cada provincia priorizó la obra que le era más útil, en función de criterios: si sustituye generación forzada, la cantidad de beneficiarios, si tiene un beneficio productivo y si la provincia está al día con Cammesa“, le dijo Royón a los legisladores en la reunión de la Comisión de Presupuesto del 4 de octubre. La última parte de esa frase generó alarma en Mendoza.

Las diputadas nacionales Pamela Verasay y Jimena Latorre (Juntos por el Cambio), que participaron del encuentro con la secretaria de Energía, manifestaron su preocupación.
“No tiene nada que ver la deuda de un privado con los recursos que le correspondan a las provincias. Si ese será el criterio de la Secretaría de Energía para ejecutar los fondos fiduciarios, habrá un problema judicial”, advirtió Verasay.
La legisladora radical duda de la implementación del Plan Federal III, ya que “los anuncios de obras no están reflejados económicamente en el Presupuesto”. Por otra parte, consideró que el artículo 90 “deja muchas aristas abiertas” y “es claramente judicializable”.
“Hay un problema en el sistema de cobros de deuda de Cammesa. Hay que hacerse cargo, pero no recortando recursos a las provincias por una deuda privada. Si algo faltaba, era la extorsión a las provincias“, enfatizó.
Ver también: La reacción en Mendoza por un polémico artículo del Presupuesto nacional
En la misma sintonía, Latorre indicó que “las distribuidoras deben resolver su situación con Cammesa, que tiene que ponerse los pantalones largos. La deuda no es responsabilidad de Mendoza, no puede ser una condición para que nos metan la mano en el bolsillo”.
Además, denunció que el artículo 90 intenta “identificar a las provincias y municipios con las distribuidoras, que no son lo mismo”, y reclamó porque el financiamiento de las obras de transporte eléctrico le corresponden a la Nación.
Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, también cuestionó la advertencia de Royón. “Las obras de transporte son nacionales”, explicó. Además, informó que la ampliación de Estación Transformadora 220kV Mendoza Norte, situada en Las Heras, es una obra prioritaria, cuyos estudios técnicos están siendo actualizados.
“Se está terminando con la consultoría del proyecto y redefiniendo la traza. Son obras que había que hacer 20 años y ahora generan un impacto totalmente diferente”, manifestó el funcionario.

Entre otros beneficios, la obra permitirá, de acuerdo con un documento oficial, evitar el colapso del Área Centro de Mendoza; proveer un tercer punto de inyección de potencia al Sistema del Anillo Centro, incrementando la Confiabilidad en todo el Área; mejorar la calidad del suministro para los usuarios en el Gran Mendoza; facilitar las tareas de mantenimientos programados; y permitir la conexión de nuevas demandas y proyectos de generación renovable.
