El Gobierno de la Provincia de Mendoza decidió iniciar acciones legales contra una auxiliar de la Policía en un intento por anular el pago de un adicional por título de Enfermera Profesional que le había sido concedido.
La medida, oficializada a través de un reciente decreto y publicada este martes en el Boletín Oficial. Instruye a la Asesoría de Gobierno a presentar una demanda judicial, argumentando que la resolución original que otorgó el beneficio es “lesiva a los intereses públicos por razones de ilegitimidad”.
La controversia se originó con la Resolución N° 2418-S/2022 (rectificada por la Resolución N° 0377-S-22), emitida por el entonces Ministerio de Seguridad, Raúl Levrino, que resolvió hacer lugar al reclamo de la efetivo y asignarle el “adicional por título” previsto en el Art. 288 inciso 1) de la Ley N° 6722/99.
Sin embargo, un análisis jurídico posterior realizado por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia determinó que la Resolución N° 2418-S/2022 adolecía de un “vicio grave o grosero“. Según el dictamen, la norma se fundamentó en una resolución (la N° 1914/22) que fue dictada con “exceso de la facultad reglamentaria“, lo que la vuelve discordante con la situación de hecho regulada por el orden normativo, según el artículo 52 inciso b) de la Ley N° 9003.
A pesar de que la resolución en cuestión “ha adquirido estabilidad y por tanto no puede ser revocada de oficio” (artículo 96 Ley N° 9003), la Asesoría Letrada concluyó que sí corresponde su anulación en sede judicial. Por ello, la Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, mediante Resolución N° 4618-SyJ de fecha 4 de diciembre de 2024, declaró la Resolución N° 2418-S/2022 y sus modificatorias como “lesiva a los intereses públicos” debido a su ilegitimidad y al perjuicio económico que causaría al Estado provincial.
En consecuencia, el reciente decreto gubernamental instruye a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza, inicie las acciones legales pertinentes contra la policía. Además, el decreto faculta al Asesor de Gobierno a realizar una nueva evaluación sobre la pertinencia y conveniencia de iniciar estas acciones, considerando también la normativa que regula el instituto de la prescripción.
El decreto: