El Gobierno de Mendoza rechazó de un recurso de alzada presentado por un grupo de efectivos policiales que enfrentan un sumario administrativo. A través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ratificó las actuaciones de la Inspección General de Seguridad (IGS), que investiga la conducta de diez uniformados de distinta jerarquía, incluidos un Comisario General y dos Comisarios, tras detectar presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones.
La defensa de los uniformados intentó anular etapas del proceso argumentando que se les había limitado el derecho a declarar en instancias clave. Sin embargo, el dictamen oficial determinó que el procedimiento cumplió con todas las garantías constitucionales y que no existió vulneración alguna al derecho de defensa.
Asesoría de Gobierno intervino en el conflicto jurídico para analizar los reclamos de los uniformados. El organismo dictaminó que el proceso administrativo busca precisamente garantizar la juridicidad del obrar estatal y asegurar el interés público. Según el análisis legal, los efectivos cuentan con las etapas correspondientes dentro del sumario para presentar pruebas y cuestionar las imputaciones, por lo cual la resolución previa de la IGS se mantiene firme y sin vicios de ilegitimidad.
Con la firma del Gobernador, el decreto rechaza la pretensión sustancial de los policías y confirma la Resolución 35/2022 de la Inspección General de Seguridad.
De esta manera, el sumario continúa su curso para determinar la responsabilidad administrativa y las sanciones que correspondan a cada uno de los involucrados.
Los efectivos fueron notificados de que la vía administrativa se encuentra agotada, quedando únicamente la opción de recurrir a la acción procesal administrativa ante la Justicia en un plazo de treinta días.