La diputada provincial electa Janina Ortiz (La Unión Mendocina), imputada por fraude a la administración pública y por coacciones, en el marco de las causas que investigan presuntas irregularidades en la Municipalidad de Las Heras, lanzó un contraataque horas después de que se conociera que dos fiscales solicitaron su desafuero para evitar que asuma su banca en la Cámara baja.
La secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa del intendente Daniel Orozco acusó este martes y pidió el juicio político de Gonzalo Nazar, fiscal adjunto en lo Penal, y a Alejandro Iturbide, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Tecnológicos.
“Bajo apariencia de estar investigando a una funcionaria pública, se pretende forzar el sometimiento a proceso penal de una mujer política en base a conjeturas de sus adversarios políticos”, sostienen ambas presentaciones. Las denuncias contra Nazar e Iturbide tienen la misma base: “Emitir instrucciones particulares, ordenando a los agentes fiscales actuantes requieran mi desafuero ante la Honorable Cámara de Diputados, sin fundamento legal”.
De esta manera, la legisladora electa hizo referencia a los pedidos de desafuero que los fiscales Flavio D´Amore (Delitos Económicos e Informáticos) y Patricia Atur (Delitos no especializados) remitieron a la Legislatura.
Inmediatamente la defensa de Ortiz se opuso y pidió la nulidad del pedido de desafuero “por ser manifiestamente improcedente y apartado de la ley vigente”, ya que la esposa de Orozco aún no juró ni asumió como diputada provincial. “Lo que goza en estas instancias previas son inmunidades parlamentarias, por lo que esa solicitud, además de otras violaciones e inconsistencias jurídicas, es un pedido formalmente improcedente desde lo legal, siendo una forma de ejercer el poder político fuera de su marco de actuación”, expresó la abogada María Elena Quintero.
Por otra parte, las acusaciones que la defensa de Ortiz elevó a Dalmiro Garay, presidente del Jury de Enjuiciamiento y de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, aclaran que “el desafuero debe requerirse cuando exista mérito bastante en las constancias del proceso para poder requerir la prisión preventiva”. Sin embargo, la funcionaria lasherina sostiene que “nada de esto surge en las causas que soy investigada”.
“Muy por el contrario, son tan groseras las violaciones en el marco de los procesos seguidos en mi contra que, merecerían por parte de los funcionarios reparar las irregularidades y no agravarlas”, agregó.
Palos a Cambia Mendoza
Ortiz también consideró que ambos fiscales actuaron “sin perspectiva de género” y que adoptaron “decisiones sin fundamento”, sostenidas “solamente en sospechas impulsadas” desde Cambia Mendoza. Y consideraron que las conductas de Nazar e Iturbide estuvieron guiadas “por una animosidad en la apreciación de los hechos investigados”, que los llevó “a torcer la interpretación de la ley penal, constitucional y convencional”.
Ortiz está imputada en dos causas. Una está vinculada a la presunta coacción que ejerció sobre una empleada municipal, que denunció que para mantener su trabajo, la funcionaria la obligó a tener relaciones sexuales y a grabar al subsecretario de políticas sociales, Osvaldo Oyhenart.
El otro expediente está relacionado con la investigación de una probable defraudación a la Municipalidad de Las Heras, mediante el direccionamiento de licitaciones y contrataciones para favorecer a una “cooperativa fantasma”.