El Gobierno oficializó un nuevo incremento salarial para el personal policial y penitenciario de la provincia mediante el Decreto 1518, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida alcanza tanto a los agentes en actividad como a los retirados y pensionados, quienes percibirán una mejora del 7% desde agosto, además de modificaciones en distintos adicionales que integran sus haberes.
La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo luego de cerrar acuerdos salariales con la mayoría de los gremios estatales. En los fundamentos del decreto se explica que, al no estar comprendidos dentro del régimen de negociación colectiva del sector público, los efectivos policiales y penitenciarios reciben sus incrementos mediante decretos específicos. El objetivo, según el texto oficial, es mantener condiciones similares a las otorgadas al resto de la administración provincial.
Uno de los principales cambios consiste en elevar al 38% el Adicional General por Función Fuerzas de Seguridad, un ítem que perciben tanto policías como penitenciarios. El Gobierno aclaró que únicamente se modifica el porcentaje del adicional, sin alterar su naturaleza ni la forma en que se liquida.
El decreto también modifica la forma de calcular dos compensaciones específicas. En el caso del personal policial, la denominada Compensación Policial dejará de ser una suma fija y pasará a equivaler al 13% de la asignación correspondiente al cargo de Jefe de las Policías. El mismo criterio se aplicará al adicional por refrigerio del Servicio Penitenciario, que también quedará fijado en el 13% de esa misma base salarial.
Además, el Ejecutivo otorgó un incremento salarial del 7% sobre la asignación de la clase del cargo de Jefe de las Policías vigente al 30 de junio de 2026. La mejora tendrá impacto sobre los distintos regímenes salariales del personal policial y penitenciario, así como sobre los servicios extraordinarios que realizan los efectivos, cuyo valor se actualizará a partir del mes siguiente.
La norma también dispone que los mismos beneficios alcanzarán a los retirados y pensionados del régimen policial y penitenciario, respetando el mecanismo de movilidad previsto en la legislación vigente. Finalmente, el decreto fue dictado ad referendum de la Legislatura provincial, por lo que deberá ser posteriormente convalidado por ambas cámaras.