El Consejo de la Magistratura eligió este jueves, por consenso, las autoridades de las comisiones, indispensables para funcionar y que tendrán mandato hasta noviembre.

Todos los ojos estaban puestos en la comisión de Acusación y de Disciplina, que durante la conformación anterior del Consejo funcionaban como una sola y era presidida por la senadora María Inés Pilatti de Vergara (Frente de Todos). Allí se tramita la investigación contra el juez federal Walter Bento, acusado de ser el presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a acusados en causas por graves delitos federales.

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La oposición aspiraba a conducir esa comisión, cuya función era “proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados como así también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción”. Sin embargo, los 19 consejeros, más el presidente de la Corte y también del Consejo, Horacio Rosatti, llegaron al plenario con un acuerdo para dividirla en dos, con un marcado equilibrio político en sus conducciones.

Así las cosas, Pilatti de Vergara seguirá como presidenta de Disciplina, con la radical Silvia Giacoppo como vice. Mientras que el diputado Pablo Tonelli (PRO) fue elegido presidente de Acusación; su vice será el senador kirchnerista Martín Doñate.

Tonelli, el consejero informante del Bentogate, aseguró en diálogo con El Sol que esa investigación debería recaer en la comisión que él preside. Si bien, esa decisión aún no está tomada, otras fuentes indicaron que por la gravedad de los hechos que le imputan a Bento, efectivamente el expediente recaería en la comisión de Acusación.

El legislador macrista explicó que para definir a cuál comisión irá cada expediente, se creó un comité de giro, que integra junto a Pilatti de Vergara.

Por otra parte, sobre el expediente del juez federal, Tonelli señaló que más allá de la comisión en que recaiga, se debe esperar que finalice el peritaje contable para poder avanzar. Se presume que ese informe clave estará listo “en breve”.

Bento, que permanece en libertad debido a los fueros, fue procesado en julio del año pasado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechos en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Mendoza. Además de un embargo millonario a él y parte de su familia, se dispuso su prisión preventiva, la que no se ejecuta hasta tanto eventualmente no sea destituido por el Consejo de la Magistratura.