El gobernador Rodolfo Suarez utilizó sus redes sociales para señalar el carácter perjudicial de la resolución del Banco Central de la República Argentina que limita hasta en un 60% a las provincias a que accedan a dólares a cambio oficial por lo que resta del año. La calificó de “violatoria, discriminatoria y anti federal” y adelantó que irán a la Justicia Federal para solicitar que la dejen sin efecto.
“La resolución del BCRA con la que impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es violatoria a sus autonomías, es discriminatoria y anti federal, complicando el proceso de pago”, comenzó Suarez en su cuenta de Twitter.
Y apuntó a la gestión del presidente Alberto Fernández: “Es otra muestra del desmanejo fiscal, financiero y cambiario del gobierno nacional, que sigue perjudicando a los argentinos. Ante esta realidad, Mendoza está preparada para afrontar sus obligaciones con el ahorro generado por una administración eficiente y austera”.
“Pero esto también implica no destinarlo a obras o servicios públicos que la provincia necesita, por eso vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas”, concluyó.
Qué dice la resolución
El Banco Central informó que las provincias que tienen vencimientos de títulos de deuda en moneda extranjera podrán acceder al mercado cambiario para adquirir un monto equivalente al 40% del monto total a pagar, por lo que deberán usar recursos propios el 60% restante para cumplir con sus obligaciones, a causa de las restricciones que pesan sobre las reservas ante el impacto de la sequía. Mendoza está entre las provincias que tendrán que afrontar vencimientos en esa moneda en 2023.
La medida, que entrará en vigencia este viernes, tiene como objetivo que el proceso de desendeudamiento en moneda extranjera se lleve a cabo “a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”.
“Los Gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera”, señaló el BCRA en un comunicado.
La deuda global involucrada hasta fin del corriente año ronda los 460 millones de dólares, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaron pagos por $315 millones de dólares.
“Esto quiere decir que lo que se pide refinanciar es 60% de 460 millones de dólares: serían 276 millones de dólares“, señalaron las mismas fuentes.
En el caso del Mendoza, tiene vencimientos por 45 millones de dólares. También Córdoba, que ya adelantó que irá a la Justicia, por 240 millones de dólares, mientras que Entre Ríos y Jujuy afrontarán pagos por 26 y 24 millones, respectivamente.
Según establece la normativa, los Gobiernos provinciales alcanzados por la medida deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.
“En el caso de vencimientos de las mencionadas operaciones que se registren hasta el 18 de julio, la presentación del plan ante el BCRA podrá concretarse hasta 2 días hábiles antes de la fecha del vencimiento”, detalló el BCRA.
La medida iguala las condiciones que rigen desde 2020 para los vencimientos de deuda financiera de las grandes empresas con emisiones de títulos en dólares que, desde entonces, acudieron a la reestructuración del 60% de sus compromisos de pago con acreedores para cumplir con la norma.
En total son 14 las provincias con bonos en dólares en circulación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Sante Fe y Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta marzo, las provincias tenían depósitos en dólares por 1.600 millones de dólares, según datos oficiales.