Alfredo Cornejo y Javier Milei, además de compartir el rumbo y la dirección que tomó el país a fines de 2023 cuando el libertario accedió al poder, enfrentan un problema similar: lo que dicen, en gran medida, y lo que han hecho e impulsado para transformar la economía y mejorar la calidad de vida, no termina de condecirse con lo que muchos de sus gobernados perciben en la vida real, allí donde late el pulso del clima social. Ambos han hecho un esfuerzo notable, cada uno con sus estilos y métodos, para persuadir de que hay buenas intenciones en lo que han emprendido. El problema mayor —y el que puede convertir buena parte de ese proceso en frustración— es que los resultados de tanto cambio y reforma, necesarios frente a la herencia recibida, no han tenido la velocidad que la paciencia y la sensibilidad de la ciudadanía reclaman.
El discurso de Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa dejó, sobre todo hacia el final, el reconocimiento de los costos “necesarios” que debió asumir para conducir a la provincia en un proceso de transformación que se acerca a los diez años y que ha dejado, como dirán quienes miran el vaso medio vacío, un estado de situación personal y colectiva de la sociedad todavía por debajo de las expectativas que se generaron al inicio de ese camino.
Y aun así, sus palabras fueron, ante todo, una pieza de ratificación política, de esas en las que un gobernador no busca inaugurar una etapa sino consolidar una dirección, un ciclo, ordenar el sentido de lo hecho y dejar en claro cómo pretende que se lea el presente de Mendoza en el contexto del giro económico nacional. Pero también, cuando empieza a insinuarse la despedida, hay en el discurso una intención de apurar y seducir con el inicio de otra nueva fase, la que él ha llamado de crecimiento integral, apoyada en la articulación entre lo público y lo privado. Una forma de responder, también, a ese coro de críticas que ha comenzado a aparecer, muy especialmente del ámbito privado, el de las Pymes y ciertas cámaras.
En esta, que fue su penúltima presentación ante la Asamblea, lo primero que apareció con nitidez fue la decisión de anclar el relato provincial en una idea que el oficialismo viene trabajando desde hace tiempo: que la Mendoza de este ciclo de casi una década no improvisó frente al cambio de época propuesto por Milei, sino que llegó a él con un camino recorrido, con orden fiscal previo y con una estructura estatal que —según el propio Cornejo— le permite amortiguar mejor que otras jurisdicciones el impacto de la transición. En ese punto se juega una de las claves del discurso: acompañar el rumbo nacional sin quedar subsumido en él, como le reprocha la oposición.
Cornejo, y no es novedad, respalda explícitamente el cambio de modelo macroeconómico, al que define como condición necesaria para recuperar inversión, previsibilidad y crecimiento; sin embargo, vuelve a introducir una diferencia que, sin ser confrontativa, resulta políticamente significativa: mientras el gobierno nacional avanza en una reducción drástica del Estado, Mendoza reivindica un Estado ordenado pero activo, capaz de sostener inversión pública, intervenir de manera anticíclica y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo del sector privado.
Esa diferencia no aparece como una crítica, sino como una construcción de identidad de lo que se viene haciendo desde 2016. El gobernador insiste en que el equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo sino una herramienta para sostener políticas, lo que le permite justificar uno de los ejes más fuertes del discurso: el volumen de obra pública, que alcanza niveles récord en proporción al gasto total en un contexto nacional de retracción. Claro que eso ha sido posible, en buena medida, por el aporte extraordinario del Fondo de Resarcimiento, que también le sirvió para contrastar con el uso que se le dio en los años 90 a recursos similares por lo extraordinarios pero que terminaron en manos de pocos.
El detalle de obras, inversiones y programas no fue meramente informativo ni ingenuo: con ese despliegue Cornejo construye una marca de gestión que busca transmitir eficiencia, previsibilidad y capacidad de ejecución, reforzada por datos que apuntan a mostrar competencia en las licitaciones, reducción de costos y acceso al financiamiento.
Y fue también, probablemente, en este punto donde el discurso se proyectó hacia afuera, hacia los inversores, especialmente en sectores como la minería, la energía y la infraestructura, donde el gobierno provincial intenta posicionarse como un actor confiable en un contexto nacional todavía incierto. La idea de posicionar a Mendoza como un nodo financiero regional —a partir de iniciativas como Andean Bridge— va en esa dirección.
La minería, en particular, aparece ya no como una posibilidad sino como uno de los pilares del modelo económico que se busca consolidar, con el proyecto PSJ Cobre Mendocino como emblema de una etapa que intenta dejar atrás años de postergación, mientras que el desarrollo energético —con el impulso a la generación solar y el avance sobre Vaca Muerta en territorio provincial— completa un esquema productivo más amplio y con mayores expectativas de crecimiento sostenido.
Ahora bien, en medio de esa ratificación del rumbo, hay un elemento que el discurso incorpora con cuidado pero que resulta central para su lectura política: el reconocimiento explícito del costo social del proceso en curso. Cornejo no elude la cuestión ni la minimiza, sino que la ubica como parte de una transición compleja, en la que el esfuerzo de la ciudadanía aparece como un dato insoslayable y, al mismo tiempo, como un límite que la política no debería ignorar. Incluso, en algunos pasajes, asoma un matiz —leve pero perceptible— de frustración propia por la falta de resultados de alto impacto capaces de revertir con mayor rapidez la situación de la provincia.
Ese punto introduce una diferencia en el tono respecto del discurso nacional, al incorporar una mirada más atenta al impacto social del ajuste sin cuestionar su necesidad. Es, en definitiva, un equilibrio discursivo: validar el rumbo, pero reconocer sus tensiones.
Hacia el final, el mensaje se ordenó alrededor de una idea que funciona como síntesis: Mendoza no esperó condiciones ideales, sino que buscó construirlas a partir de sus propias fortalezas, apoyada en un Estado ordenado, reglas de juego previsibles y una apuesta clara por ampliar su matriz productiva. No ha sido suficiente, claramente. Pero también es contra fáctico preguntarse por cuál hubiese sido el presente de la provincia sin aquellos cambios a la administración del Estado.
En definitiva, el discurso de Cornejo se movió en un equilibrio delicado y deliberado: acompañó y acompaña sin fisuras el cambio de rumbo nacional, pero al mismo tiempo reivindica un modelo provincial con rasgos propios, donde el Estado no se retira sino que redefine su papel. En esa tensión —más complementaria que contradictoria— se juega buena parte de la estrategia política del oficialismo mendocino en el año más crucial del ciclo.