Los referentes mendocinos de la Organización Libres del Pueblo (OLP) fueron denunciados penalmente por exigir el pago de un diezmo a beneficiarios de planes Potenciar Trabajo, y por haber, supuestamente, realizado maniobras extorsivas para el cobro de ese dinero.
La presentación fue hecha inicialmente en la fiscalía Federal a cargo de Fernando Alcaraz. Sin embargo, por tratarse de la presunta comisión de un delito de competencia provincial, fue enviada a la Fiscalía de Delitos No Especializados de la justicia mendocina.
Los apuntados por los denunciantes son Juan Aguilar, Yéssica Alcalá, Ana Gutiérrez y Carlos Gaime, todos integrantes del movimiento social kirchnerista que funciona como “Unidad de Gestión y/o Certificación” de estos planes.
La acusación indica que, además de cobrarles el 10 por ciento de lo que perciben como ayuda social, les exigen a los beneficiarios ir a marchas y a actos de militancia, bajo amenazas de darles de baja el plan si no cumplen con esas órdenes o de no acreditar las contraprestaciones de realizadas, y, de ese modo, hacer caer el subsidio.
De acuerdo con el relato que analiza la Justicia, los denunciados usaron fotos y documentación de beneficiarios para inhibir las tarjetas con las que debían cobrar en el Banco Nación. De esa manera, les hicieron saber que, si no se sometían al régimen establecido por la OLP, no volverían a ver un peso.
Las personas que cobran un plan Potenciar Trabajo deben realizar alguna contraprestación. De acuerdo con el programa, son cuatro líneas de actividades previstas: proyectos socio-productivos, proyectos socio-laborales, proyectos socio-comunitarios o terminalidad educativa.
La denuncia original data de mediados del año pasado. Sin embargo, en la Justicia Federal quisieron avanzar con información básica antes de resolver si investigarían en ese fuero o lo pasarían a la provincia. En ese proceso, pidieron en reiteradas ocasiones documentación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El plan Potenciar Trabajo implica el cobro mensual de la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil. A cambio, se exigen 20 horas semanales de contraprestación, y está destinado a personas de 18 a 65 años. En la actualidad, los beneficiarios reciben mensualmente casi 33 mil pesos.
Las sospechas contra la OLP, con Juan Aguilar a la cabeza, aparecieron en marzo de 2022 a partir de publicaciones de este diario. En ese momento, para defenderse, el dirigente kirchnerista aseguró que no se trataba de un diezmo, sino que era un “aporte voluntario”.
Justamente, uno de los denunciantes manifestó que no entendía cómo podían presionarla de esa manera si sabían que tiene una familia numerosa y que cada peso era vital.
Solo la OLP manejaba en Mendoza unos 500 planes.
Para evitar este tipo de presiones, desde el Gobierno de Mendoza habían advertido que quienes cobraran esta asignación podían cambiar de unidad ejecutora y así perder todo vínculo con la organización social que hoy está bajo la mirada judicial. De hecho, tras el escándalo de marzo pasado, unas 300 beneficiarios realizaron ese trámite.
El cobro de porcentajes a quienes reciben planes sociales es una práctica recurrente en los diferentes movimientos. Ese dinero, por lo general, es destinado a la logística de los aparatos, tales como el armado de marchas o el financiamiento de viajes.
En enero de este año, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció la suspensión de aproximadamente 155 mil planes Potenciar Trabajo porque los titulares no habían podido acreditar sus identidades.