En medio de la crisis social y económica que atraviesa el país, diversos integrantes de la agrupación kirchnerista OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) acusaron a los referentes locales del movimiento de obligarlos a aportar el 10% de lo que cobran del programa nacional Potenciar Trabajo.

Ese programa que baja Nación apunta a “mejorar las posibilidades de empleo y generar nuevas propuestas productivas por medio de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias o la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según se detalla a través del sitio oficial del Gobierno.

La acusación concreta es contra Juan Aguilar, referente en Mendoza y San Juan, y contra su esposa, Jésica Alcala, señalados como los encargados de realizar esa práctica “clientelista” y exigir el pago a los integrantes del movimiento a cambio de conseguir el alta en el programa implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La acusación

Los beneficiarios del plan nacional cobran mensualmente la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente, la suma asciende a $16.500 y se exigen cuatro horas de contraprestación diaria o 20 horas semanales. Está destinado a personas de 18 a 65 años.

Por temor a perder el beneficio, algunos integrantes de la OLP en la provincia, disconformes con el accionar de los jefes de la organización, prefirieron mantenerse en el anonimato, pero mostraron capturas de pantalla y comprobantes de transferencia bancaria. Relataron que todos los meses les exigen el 10% del cobro de ese programa.

Una vez que realizan la transacción, el pago queda registrado en una planilla. En tanto, aquellos militantes que no quieren aportar, les dan la baja y se quedan sin la ayuda económica que brinda la Nación.

“Supuestamente ese 10% lo usan para hacer viajes a Buenos Aires. A nosotros nos piden presencia en las marchas y tenemos actividades en los comedores y en los merenderos. Si no voy a las movilizaciones, me dan de baja. Es injusto porque juegan con la necesidad de la gente”, relató una de las personas que integra la OLP.

De hecho, este miércoles la OLP organizó una marcha frente a la Municipalidad de Godoy Cruz para reclamar en contra de la ordenanza de “Buenas Prácticas Ciudadanas” y los integrantes del movimiento tuvieron la obligación de asistir.

Otra de las afectadas con esta situación contó que en medio de la pandemia se quedó sin trabajo, por lo que la OLP la ayudaba con mercadería. Más tarde, le pidieron los datos y le dieron el alta en el programa nacional.

“Por cada aumento del programa, se incrementa más la cuota. Si el Estado me ayuda es porque lo necesito, por qué tengo que permitir que vengan a sacarme la plata. Además, el mes pasado cobramos un bono y también tuvimos que darle la plata al jefe de la organización”, explicó una de las personas que se ve afectada por esto.

Qué dicen en la OLP

Frente a estas acusaciones, Aguilar rechazó tajantemente que se exija el pago del 10% que señalan los denunciantes. Solamente admitió que, tiempo atrás, hubo un caso de ese tipo y que los “compañeros” terminaron fuera de la organización.

“Somos una organización social y tenemos una asociación civil. No se cobra, estamos para dar un servicio porque somos militantes”, explicó Aguilar.

Según sostuvo el referente de OLP, solamente reciben “aportes solidarios” que se utilizan para comprar mercadería para los merenderos. Lo que sí reconoció es que ellos personalmente gestionan en la Nación las altas de los programas Potenciar Trabajo.

El referente maneja la organización junto al dirigente nacional Pablo Puebla y afirmó que forma parte del Frente de Todos. La OLP integra el núcleo más duro del kirchnerismo y tienen mucha cercanía con la conducción de La Cámpora. Además, otras organizaciones peronistas señalan que el movimiento que comanda Aguilar es uno de los “mimados” de Sonia Carmona, la ex legisladora provincial que actualmente es delegada en Mendoza del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Por su parte, Carmona señaló no estar al tanto de la práctica clientelar que realiza Aguilar en la OLP.

Un abrazo del alma @anabelfsagasti siempre presente @olp_mendoza pic.twitter.com/qoLsRQYT2w

— ANA GUTIERREZ (@anamza86) March 26, 2022

Actualmente OLP está integrada por unas 20 mil personas en Mendoza y según informó el titular del movimiento, entre todas las organizaciones de la provincia, manejan unos 5 mil planes de este tipo.

“Estamos dentro del sindicato UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular). Somos el sindicato de los pobres”, añadió el referente.

“Acá se trabaja. No voy a gestionar el programa para el que no quiera trabajar. Peleamos para que sea universal. El que gestiona estos programas es el mal llamado puntero, que busca herramientas de la militancia para que la gente tenga un mejor pasar en las etapas de crisis”, concluyó.

Cómo funciona en Mendoza

La directora de Economía Social y Asociatividad de la provincia, Lorena Meschini, explicó los alcances del plan en la provincia. Básicamente, se trata de una reconversión de programas que comenzó años atrás con “Ellas Hacen”. En el 2020 se unificó con “Hacemos Futuro” y el Salario Social Complementario.

Al ser unificados, quedaron dos unidades de gestión; una gubernamental y las de los movimientos sociales, cuya principal diferencia entre una y otra es la administración.

Según explicó Meschini, la relación del gobierno local es con  la jefatura de Gabinete de la Nación. En cambio, los movimientos sociales tienen relación directa con el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, que pertenece al Movimiento Evita.

La gran diferencia del programa está en que las organizaciones sociales pueden dar nuevas altas si hay bajas, mientras que el Gobierno local no tiene esa potestad. A nivel provincial, hay 1.800 programas Potenciar Trabajo, mientras que no se puede conocer la cifra que manejan los diversos movimientos, ya que se otorgan esas altas de manera discrecional.

“En la provincia tenemos un convenio con plan de actividades distinto a los movimientos sociales; apuntamos a formación, terminalidad educativa y unidades productivas. Las organizaciones sociales tienen contraprestación  de servicio vinculada al mantenimiento de los merenderos y al trabajo comunitario”, añadió la funcionaria.