El Gobierno de Mendoza oficializó este martes un cambio en la cúpula del Departamento General de Irrigación. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se confirmó la renuncia de Gustavo Mauro Villegas, quien ocupaba el cargo de Consejero en representación de los regantes del Río Atuel.
La salida de Villegas no es una dimisión ordinaria. El exfuncionario quedó en el ojo de la tormenta días atrás luego de protagonizar un incidente de tránsito en General Alvear el pasado 5 de febrerp, donde se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando el límite permitido por la ley.
Lo llamativo es que el propio Villegas había presentado la dimisión, pero la decisión se demoró en el organismo que dirige Sergio Marinelli y alimentó las suspicacias. Hasta que este martes se publicó el decreto en el Boletín Oficial con la firma del gobernador.
El caso había generado un dilema en el Ejecutivo provincial. Si bien el cargo de Consejero en Irrigación cuenta con una estabilidad similar a la de un magistrado —requiriendo un proceso complejo para su remoción—, la presión política y social ante un hecho de “tolerancia cero” fue determinante.
Un cargo clave en disputa
Villegas había sido ratificado en su puesto a finales de 2023 por el propio Alfredo Cornejo. Su salida deja una vacante de peso en el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, el órgano que define el presupuesto hídrico y resuelve los conflictos por el agua en el sur mendocino.
Con esta renuncia, el Gobierno busca cerrar un frente de conflicto ético, mientras se espera que en las próximas semanas se envíe un nuevo pliego al Senado para cubrir la representación de los regantes del Atuel.
Otros casos de funcionarios que manejaban alcoholizados
En los últimos meses, distintos episodios protagonizados por funcionarios y dirigentes políticos de Mendoza reabrieron el debate sobre la conducta pública y la responsabilidad institucional frente al consumo de alcohol al volante. Los casos, con niveles que superaron ampliamente el límite permitido por la legislación provincial de tolerancia cero, derivaron en renuncias, pedidos de destitución y fuertes cuestionamientos políticos.
Uno de los antecedentes más resonantes fue el de Jorge Teves, entonces titular del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), quien en enero de 2025 debió dejar su cargo tras arrojar 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre mientras conducía un vehículo oficial. El hecho impactó por tratarse de un funcionario vinculado directamente al área de control y regulación del transporte, lo que aceleró su salida del Ejecutivo.
En el ámbito legislativo municipal, el concejal radical de Guaymallén Miqueas Burgoa fue detectado con 1,25 g/l en General Alvear y circulando sin licencia de conducir. Aunque desde distintos sectores se reclamó su renuncia, el edil decidió continuar en su banca, configurando un antecedente que aún es objeto de críticas.
En San Rafael, el concejal del Partido Libertario Martín Antolín fue detenido con 1,15 g/l, a bordo de un vehículo de alta gama sin patente y con una copa de vino en la mano. El escándalo motivó un intento de destitución en el Concejo Deliberante, pero el Partido Justicialista no acompañó la iniciativa y el proceso no prosperó.
El caso más reciente involucró a Cristian Ochoa, entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, quien el 13 de octubre de 2025 embistió a otro vehículo con 1,42 gramos de alcohol en sangre.