La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado de Mendoza dio despacho a un proyecto clave del Poder Ejecutivo que busca avanzar en la autonomía municipal mediante la modificación del artículo 197 de la Constitución provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, quedó así habilitada para su tratamiento en el recinto.

En su primera reunión tras la renovación parcial de la Cámara, la comisión ratificó a Walther Marcolini como presidente y a Adriana Cano como vicepresidenta. Durante el encuentro, legisladores analizaron el alcance de la enmienda junto a funcionarios del Ejecutivo, quienes defendieron el proyecto como una actualización pendiente desde la reforma constitucional nacional de 1994.

El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, sostuvo que la propuesta apunta a “saldar una deuda histórica” en torno a la autonomía municipal. Explicó que, ante la falta de consenso para una reforma integral, el Gobierno optó por avanzar sobre un artículo específico, incorporando criterios del artículo 123 de la Constitución Nacional y otorgando mayor margen de organización a los municipios.

Entre los cambios, se elimina la obligación de renovar los concejos deliberantes por mitades cada dos años, permitiendo que cada municipio defina ese esquema en su Carta Orgánica. A su vez, se habilita a las comunas a dictar sus propias normas institucionales mediante convenciones, aunque se mantienen límites: no podrán crear impuestos y seguirán bajo control del Tribunal de Cuentas y del Fiscal de Estado.

La subsecretaria Legal y Técnica, Emilia Cabrera, remarcó que la reforma busca adecuar la Constitución provincial a los estándares nacionales, pero con reglas claras para evitar desequilibrios entre municipios. El proyecto también incorpora de forma explícita la participación de las comunas en el régimen de coparticipación.

Con el despacho favorable, la iniciativa avanza en el proceso legislativo y deberá ser debatida por el pleno del Senado, en un contexto donde el oficialismo intenta consolidar cambios institucionales de alcance estructural en el régimen municipal.