El suspendido juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Ricardo Bento, reclamó ante el Consejo de la Magistratura porque no le pagaron su sueldo y el aguinaldo. La queja quedó plasmada en un escrito de siete carillas donde el magistrado, que está imputado como líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios judiciales, califica de “ilegal” y “arbitrario” el descuento de su salario.
Bento considera que la falta de pago no surge de la decisión que tomó el Consejo de la Magistratura al suspenderlo. En tal sentido, según publicó el diario La Nación, el juez denunció que esta conducta es un “castigo anticipado” debido a los dos juicios simultáneos que enfrentará en Mendoza y Buenos Aires. El primero es penal y comenzará el el 26 de julio; el restante es político y si bien no tiene fecha de inicio confirmada, trascendió que empezaría a fines de septiembre o comienzos de octubre.
El 31 de mayo, el Consejo de la Magistratura suspendió a Bento y decidió promover el proceso de destitución por “mal desempeño” de su cargo. El jurado de enjuiciamiento que definirá su futuro está integrado por dos senadores (Daniel Bensusán del Frente de Todos y José Torello, de Juntos por el Cambio), dos diputados (Ana Clara Romero de JxC y Anahí Costa de FdT), dos jueces (Javier Esteban de la Fuente, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 y Javier Leal de Ibarra, camarista de Comodoro Rivadavia) y un abogado de la matrícula federal (Alfredo Barrau, de Tucumán).
El Jury habilitó al acusado para que ofrezca prueba y Bento se lo tomó en serio: en un escrito de 117 carillas, rechazó las acusaciones, solicitó que se lo reponga en su cargo y pidió la declaración de 54 testigos, incluidos el juez federal Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega -que lo investigaron- y de tres “arrepentidos” que declararon ante la Justicia Federal en su contra. Además destacó que se lo está juzgando dos veces por el mismo delito y manifestó que debería suspenderse su juicio político a la espera del resultado del juicio penal.
El tribunal ahora deberá decidir qué prueba admite y cuál no, además de fijar una fecha para el inicio del juicio político. En tal sentido, la ley estipula que el jurado de enjuiciamiento debe empezar y terminar ese proceso en un plazo máximo de 180 días, que vence el 27 de diciembre. Por ese motivo, se especula que el comienzo será entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.
En paralelo al juicio político, Bento enfrentará desde el 26 de julio un juicio penal en su contra, acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. El debate estará a cargo de las juezas federales de San Luis, Gretel Diamante y Carolina Pereira, y de San Juan, Eliana Rattá. Se espera un largo proceso, debido a la gran cantidad de imputados y pruebas.
Bento, nombrado en 2005, también fue procesado por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza e incluyó su prisión preventiva, que no cumplió por ser juez.
La fiscalía sostuvo que la investigación permitió demostrar “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas, destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
Cuando lo consideró líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.
En el banquillo de los acusados se sentarán otros 30 acusados, entre los que se encuentran contrabandistas, abogados, policías y familiares del magistrado.
Fuente: con información de La Nación