La querella en la causa por presunta violencia de género y abuso sexual contra el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, pidió que se investigue la responsabilidad penal de las autoridades involucradas en la presunta filtración de datos y presiones contra testigos. Debido a esta situación, considera que el ex funcionario ha realizado maniobras para interferir en el proceso en su contra, perjudicando la investigación.
La abogada Elena Quintero insistió con la detención de D’Agostino debido a hechos que marcarían su intervención mientras la Justicia investiga. Entre ellos, “la filtración de información confidencial proveniente de un organismo del Estado“.
La representante de la denunciante, ex pareja de D’Agostino, remarcó que en una audiencia del 28 de abril, la defensa “exhibió datos reservados pertenecientes a legajos de menores de edad, documentación que se encontraba bajo custodia institucional de una funcionaria con vínculo personal con él“.
Para la querella, no existe una vía legal que explique cómo el material pudo llegar a manos de la defensa. Hay que recordar que D’Agostino ya fue imputado por violencia de género y coacciones, en tanto que no hubo resolución sobre la acusación por abuso sexual contra el ex subsecretario de Justicia.
No es el único hecho en el que repara la denunciante donde sospecha que hubo interferencias para influir en la causa con fines intimidatorios. También mencionó que el 29 de mayo, “la Dirección de Protección y Restitución de Derechos intervino de manera intempestiva en un establecimiento educativo respecto de la familia de una persona que testificó en contra del imputado“.
Se trata de una denuncia anónima que activó la actuación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios, pero sin cumplir los procedimientos previos exigidos, recalcó Quintero en su comunicado. Con un agravante: la actual pareja del imputado es la persona que está a cargo de esa dirección que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.
A ello se suma lo que consideran como un “desarchivo irregular” de un expediente civil que estaba archivado desde 2018. Para la querella, se trata de una “misteriosa reactivación” en marzo pasado, un mes antes de presentación de la denuncia penal contra el ex funcionario.
El hecho fue denunciado en la Suprema Corte porque “llama la atención que, luego de seis años de archivo, el expediente se haya reflotado casualmente un mes antes de que se iniciara esta causa“, según el escrito.
A esto se suma otra sospecha que deslizó la ex pareja de D’Agostino. Indicó que a principios de mayo fue desvinculada de una empresa con relaciones estatales, donde se desempeñaba como responsable de marketing. Para Quintero, constituye “un indicio adicional de presión externa y de afectación a la estabilidad económica de la denunciante“, aunque la razón esgrimida oficialmente fue “razones presupuestarias”.
Por ello, Quintero pidió que se investigue la responsabilidad penal de las autoridades administrativas involucradas, a la par de que se garanticen las condiciones de seguridad a los testigos que todavía restan declarar en la causa contra el ex funcionario.