La abogada de la mujer que denunció a Marcelo D’Agostino Dillon, ex subsecretario de Justicia, pidió a la fiscalía que avance de manera inmediata con la imputación formal del acusado y ordene su detención preventiva por el delito de abuso sexual, delito que no se había incorporado en la acusación del Ministerio Público Fiscal
D´Agostino fue imputado formalmente el pasado 23 de abril por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, pero el presunto abuso sexual no había formado parte de la acusación.
Los argumentos de la querella
La presentación judicial de la abogada María Elena Quintero contra D’Agostino se fundamentó en jurisprudencia con enfoque de género, avalada tanto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza como por la Corte Suprema de la Nación, que establece que el testimonio de la víctima en delitos contra la integridad sexual constituye la prueba central y dirimente.
Según el escrito, este relato es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia siempre que supere un test de credibilidad, sin que sea legítimo supeditar el avance del proceso a pericias psicológicas previas. Estas son tildadas de requisitos de procedibilidad ilegítimos que solo buscan reinstalar patrones de desconfianza y el estereotipo de la mujer fabuladora.
Bajo esta línea, se argumentó que en contextos de asimetría estructural de poder, el consentimiento se encuentra viciado y la falta de resistencia física no debe interpretarse como aceptación, sino como un mecanismo de supervivencia frente a la coacción.
Asimismo, la querella apeló a criterios de la propia Unidad Fiscal de Violencia de Género para encuadrar el daño psíquico de la víctima como lesiones graves dolosas, y no meramente leves, debido a que presentan una afectación persistente que limita su libertad individual. Para justificar el pedido de detención inmediata, la abogada invocó el artículo 293 del Código Procesal Penal, señalando que la trayectoria institucional de D’Agostino —quien fue Subsecretario de Justicia por más de una década— genera un riesgo de fuga y de entorpecimiento estructural.
El documento advirtió que el imputado cuenta con los recursos, vínculos con fuerzas de seguridad y contactos de alto nivel para ocultar pruebas o coaccionar testigos, lo que torna a la prisión preventiva en la única medida idónea para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar la impunidad derivada de su cargo.
Por otra parte, la presentación recalcó que el acusado tiene vínculos y trayectoria dentro del ámbito estatal, lo que podría derivar en interferencias en la investigación. En ese marco, se menciona riesgo de fuga, posible presión sobre testigos y eventual manipulación de pruebas si continúa en libertad, por lo que solicita la detención inmediata de D’Agostino.
Además, la querella señala presuntas irregularidades en la instrucción, como demoras, decisiones técnicas cuestionadas y falta de medidas más firmes desde el inicio. Según el escrito, estas situaciones debilitan la investigación y afectan la protección de la víctima.
Declaró una ex reina de la Vendimia y otra ex pareja fue citada
Para este viernes, la defensa de D’Agostino pidió la declaración de otra ex pareja del funcionario renunciado. Se trata de una mujer que formó parte del equipo de prensa del gobierno provincial y que actualmente vive en Europa.
En un par de ocasiones, había hecho publicaciones en redes sociales sobre la complejidad de su relación con D’Agostino, pero esos posteos fueron borrados en las últimas horas.
En la causa también, siempre a pedido de los abogados defensores, declaró la primera esposa de D’Agostino, la reina de la Vendimia 2003 y actual jueza laboral, Anabel Molina.
Esa audiencia fue tensa porque desde la querella quisieron indagar sobre su nombramiento como magistrada y también sobre el de su ex pareja, Federico Fioquetta, también juez laboral, y el rol y la influencia de D’Agostino en ambos casos en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la Fiscalía hizo lugar a la oposición de la defensa y no ahondaron en el tema.