El lunes, el Honorable Consejo Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió intervenir la inspección de cauce de Corralitos, Guaymallén, debido a las irregularidades denunciadas con el suspendido Alejandro Currenti. Este jueves, la subdelegación del Río Mendoza tomó el control de la inspección y designó a María Fernanda Masi como interventora.
La decisión del HTA, a través de la resolución 337 de Irrigación, abarcó a todo el cuadro de autoridades de esa inspección de riego que secundaba a Currenti. Y decidió avanzar con la investigación producto de nuevas irregularidades detectadas. La suspensión de las autoridades rige por el término que dure la investigación.
En aquella resolución se había emplazado en un periodo de 48 horas al Cuadro de Autoridades que entregara los bienes y documentación en su poder a Subdelegación de Aguas del Río Mendoza.
Masi es la Coordinadora de las inspecciones de cauce del Río Mendoza. Es una funcionaria con varios años de antigüedad en Irrigación y será la encargada de comenzar con la regularización de la inspección de Los Corralitos.
De la suspensión a la intervención
La decisión de Irrigación de intervenir el organismo se debió a que durante el proceso de investigación, llevado adelante tras la suspensión por 60 días el inspector de cauce Alejandro Currenti, se encontraron indicios de nuevas irregularidades.
La decisión del HTA de suspender a Currenti se dio por irregularidades en los balances del año 2021, en los cuales el funcionario no presentó documentos que respaldaran cómo gastó los recursos que le dio Irrigación y que, en alguna medida, es plata que tiene que volver a los regantes en obras concretas y verificables.
En cambio, se avanzó por la intervención ya que se detectaron nuevas irregularidades en los balances siguientes, algunos incluso que se repitieron hasta algunos meses atrás.
La más llamativa de todas es la utilización del token bancario de un exfuncionario del cauce fallecido, con el que se firmaban cheques digitales y se realizaban transferencias bancarias. El documento no especifica el nombre del funcionario, aunque se trataría de Vicente Pelayes, quien falleció en octubre del 2022.
Pelayes había sido electo como primer delegado del Cuerpo de Autoridades en las elecciones en las que Currenti fue reelecto por el periodo 2022-2026.
Otra de las irregularidades detectadas está vinculada a la construcción de la sede de la Inspección de Cauce en un terreno de Currenti.
“No se ha acompañado acta donde se puso a consideración de la Asamblea la realización del comodato que involucra al inmueble sede de la Inspección de Cauce, por lo que Asesoría Letrada entiende que existen méritos suficientes para disponer el inicio de una investigación”, detalla la resolución.
Por último, se detectó que Currenti recibió viáticos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 “adeudando el pago aportes y contribuciones del personal, ‘cancelando nominalmente’ la deuda 2023 con AFIP, recién en mayo de 2024”.
La causa penal
En junio pasado y tras conocerse las irregularidades, el concejal del Frente de Todos de Guaymallén, José Pozzoli, presentó una denuncia penal en contra de Alejandro Currenti y Marcelino Iglesias. La causa esta a cargo del fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli.
El pasado 19 de junio, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del Departamento General de Irrigación suspendió a Currenti por sesenta días hábiles tras detectar “procedimientos administrativos irregulares” en la gestión de fondos durante el año 2021. Además, se le ordenó devolver más de 1,3 millones de pesos no invertidos ese año.
Conforme a la ley 8.008 del Ministerio Público Fiscal, Ticheli tuvo que iniciar una consulta obligatoria con el procurador adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar, un trámite protocolar en investigaciones de funcionarios públicos.
El fiscal solicitó el expediente elaborado por el HTA que llevó a la suspensión de Currenti, así como los balances de los años 2022 y 2023, para investigar si existieron más irregularidades.
Fuentes cercanas al caso explicaron que la causa podría ser calificada como malversación o peculado de fondos, delitos con importantes diferencias. La malversación implicaría que Currenti utilizó dinero destinado a una finalidad en otra distinta, lo que conllevaría una inhabilitación en la función pública por un periodo de entre 1 y 3 años, además de una multa económica del 20% al 50% del dinero mal administrado.
Por otro lado, si se comprobara el peculado, es decir, la sustracción de recursos públicos para beneficio personal, las penas serían de 2 a 10 años de prisión.
El escándalo ha afectado no solo a la Dirección General de Irrigación, cuyo titular es Sergio Marinelli, sino también al exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, y a Marcos Calvente, actual jefe comunal y exsecretario de Obras del municipio.
Aunque Irrigación suspendió a Currenti y presentó una denuncia penal ante la Justicia, estas medidas se adoptaron sólo después de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó observaciones sobre los balances previamente aprobados por el organismo de aguas.
En ese contexto de presión política, el HTC no tuvo más opción que sancionar a Currenti, resolviendo suspenderlo por dos meses y ordenar la devolución de 1.300.000 pesos, en lugar de destituirlo.