El Frente de Todos cumplió con su promesa y este miércoles presentó en la Legislatura el pedido de juicio político contra el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, por el escandaloso subsidio otorgado -y posteriormente cancelado- a la Fundación Acción Social, que lidera el pastor evangélico y exsenador, Héctor Bonarrico.

Se trata de una estrategia de la oposición para intentar mantener el Bonarricogate en la agenda pública, ya que su jugada política tiene nulas chances de avanzar. Es que para que el juicio político contra Ibañez avance, el PJ necesita una mayoría simple, según el artículo 109 de la Constitución provincial, número que está muy lejos de conseguir.

“El ministro participó en todo el proceso administrativo para la celebración de este convenio, como así también en el decreto que lo dejó sin efecto. Por ende, formó parte de este hecho de corrupción donde crearon un falso subsidio para beneficiar a un particular“, destacó el presidente de bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Gómez.

El referente peronista destacó, además, que hasta el momento el Gobierno no dio explicaciones con relación al subsidio, de al menos 18 millones de pesos en 24 meses, para la fundación de Bonarrico.

“Ibañez es una persona activa en este proceso. Él conocía, como también el gobernador (Rodolfo Suarez), este hecho delictivo, este beneficio que se pretendía dar a una fundación bajo el aspecto formal de un subsidio”, insistió Gómez. Y agregó: “Frente a este hecho, hemos tomado la decisión de iniciar el juicio político al funcionario a los efectos de que concurra a la Legislatura a dar explicaciones”.

La intención opositora es que Ibañez “sea juzgado políticamente y sea destituido de su cargo”. El pedido de juicio político fue firmado por los diputados y senadores del Frente de Todos, quienes intentarán que sea debatido en el recinto la semana próxima.

“Si se logran las mayorías necesarias, se forma la comisión de Juicio Político. Creemos que es un hecho muy grave que ha puesto en vilo a las instituciones de la provincia de Mendoza. Hay un Gobierno que lo esconde para que no de explicaciones”, aseguró Gómez, quien también puso bajo sospecha el avance de la investigación judicial.

“Esperemos no estar frente a un fiscal que no quiera investigar la causa y llegar hasta las últimas consecuencias. No han sido interrogados ninguno de los funcionarios públicos que intervinieron en el convenio, como así tampoco a Bonarrico. Vamos a seguir creyendo que la Justicia tiene que investigar este hecho”, expresó.