La causa que tiene contra las cuerdas al juez federal Walter Bento por presuntamente liderar una banda que cobraba coimas para morigerar la situación procesal de ciertos presos vinculados al contrabando, tendrá un fin de mes caliente en los Tribunales de calle Pedro Molina y España: se esperan nuevas imputaciones luego de una declaración que se sumó en las últimas horas.

La prueba vino desde un imputado en otra megacausa que se tramita en ese fuero, quien decidió hablar ante el fiscal general Dante Vega la semana pasada para detallar algunas maniobras que se desarrollaron en el juzgado de Bento.

Hizo como una especie de confesión de arrepentido donde describió cómo se movían o negociaban la salidas de prisión algunos personajes de poder.

Inmediatamente, después del aporte del testigo, el fiscal Vega solicitó al juez a cargo de las actuaciones, Eduardo Puigdéngolas, que dicte el secreto del sumario. La magistrado no tardó en responder y el expediente quedó “cerrado” para las partes durante diez días hábiles.

Se trata de la tercera vez que Puigdéngolas ordena esta herramienta jurídica para evitar el entorpecimiento de la instrucción.Y cada vez que lo hizo, las consecuencias fueron dolorosas para los principales procesados que tiene el caso, especialmente, el juez Bento, ya que se sumaron nuevas calificaciones en su contra.

Lugo de recibir la declaración clave, los investigadores fueron a revisar el archivo de expedientes que se tramitaron durante los últimos años en el juzgado de Bento. Los datos eran precisos y estaban orientados a confirmar la hipótesis central de la causa: beneficios judiciales a cambio de dinero, siempre con el mismo esquema compuesto por abogados y facilitadores a cargo de hacer el contacto con los acusados. Las nuevas pruebas y los nuevos nombres ya forman parte de la pesquisa central.

Además de imputaciones, no se descartan más declaraciones y detenciones.

La investigación, que nació en marzo del año pasado, luego de la detención de un malviviente identificado como Walter Bardinella Donoso, tiene a más de 20 procesados –algunos con prisión preventiva– vinculados estrechamente con el mundillo judicial.

Además de Bento, quien está sospechado en nueve causas de coima, están en la mira abogados, policías e imputados de causas por contrabando. Un par de letrados, como Luciano Ortego y Jaime Alba, todavía continúan tras las rejas de la cárcel federal.

En esa misma situación aparece el comisario Gabriel Moschetti, con pasado en la Policía contra el Narcotráfico, quien está sospechado de intentar eliminar pruebas que complicaban a Donoso y al abogado Ortego.