La Argentina parece haber perdido el sentido del humor en la discusión política y, más aún, la capacidad de confrontar ideas sobre la marcha del país y sobre las recetas que podrían encaminarlo hacia cierta calma o, al menos, hacia la sanación de sus males.

El humor —y la tolerancia— como condimentos necesarios para descomprimir un debate que se empuja sistemáticamente hacia los extremos, en una búsqueda casi deliberada de polarización que termina por clausurar la diversidad de opiniones. En ese proceso también asoma, en algún punto, la incapacidad de una dirigencia para interpretar y leer correctamente lo que está pasando.

La persistencia de ese estado, cada vez más degradado, no ha hecho más que agravar lo que ya registran las encuestas: empeoran las expectativas, se deteriora la percepción sobre la economía y crece el malestar cotidiano.

El cierre del espacio del debate político es alimentado a diario en las redes por el propio presidente Javier Milei, en el ámbito donde nació, creció y se consolidó La Libertad Avanza, el sello político de su movimiento. Con un agravante adicional: en ese universo estalló una interna feroz que dejó al descubierto rasgos preocupantes sobre el nivel de formación y la catadura moral de buena parte de su dirigencia. Una dinámica que expone, además, la irresponsabilidad de llevar las diferencias al extremo, al punto de poner en duda la capacidad de ese grupo —esa elite— que la mayoría de los argentinos eligió en busca de una salida a sus problemas.

No hace mucho fue FOPEA quien, al sistematizar un voluminoso banco de agravios, identificó unos 16.800 mensajes con expresiones descalificadoras emitidas por el presidente entre diciembre de 2023, cuando asumió, y septiembre de 2025. El último episodio ocurrió en la madrugada del lunes en la Argentina —ya avanzada la mañana en Israel, desde donde ha regresado este miércoles tras participar de actividades oficiales— cuando Milei calificó al periodista Carlos Pagni como “delincuente mal parido” y “basura repugnante”, en respuesta a una columna crítica sobre el deterioro del salario y el supuesto quiebre del llamado “triángulo de hierro”. Antes, durante el fin de semana anterior, en otro ataque de furia se había dirigido al también columnista Joaquín Morales Solá como “basura” e “inmundicia humana”.

Poco provecho puede esperarse para el debate público de un presidente que responde a la crítica con un repertorio de descalificaciones que incluye términos como “parásito mental”, “zurdos de mierda”, “ratas inmundas”, “basuras”, “estalinistas”, “sicarios”, “ensobrados” o “mandriles”. En rigor, ese tipo de expresiones no sólo degradan la figura presidencial: tampoco contribuyen a la convivencia democrática ni ayudan a descomprimir el clima de malestar cotidiano que reflejan las encuestas y que describe, cada vez con más claridad, el estado emocional de buena parte de la sociedad argentina.

Ese clima no es sólo una sensación difusa. Tiene números, consistencia y empieza a mostrar una tendencia. Las principales encuestas de las últimas semanas —de consultoras como D’Alessio IROL, Berensztein, Giacobbe, AtlasIntel o CB— coinciden en un punto central: el humor social entró en una fase de deterioro.

Cada vez más argentinos creen que el país está peor que antes. La mayoría percibe un empeoramiento en su situación personal. Y las expectativas de corto plazo se enfrían. La economía cotidiana —salarios, empleo, consumo— desplazó a la macro como eje de preocupación. Ya no se trata de entender el déficit o la inflación en términos abstractos: se trata de llegar a fin de mes. Es a la economía real a la que el presidente y su plan de estabilización no le están respondiendo en función de las expectativas creadas y bien alimentadas. ¿Será que todo el repertorio llegó hasta acá?

Pero al mismo tiempo, esos mismos estudios muestran algo menos evidente, aunque igual de relevante que el propio presidente debiese cuidar con la búsqueda de resultados: su figura, la presidencial, resiste mejor que la evaluación de la gestión. Hay una base oficialista firme, intensa, que sostiene al gobierno incluso en un contexto adverso.

Es una sociedad partida en dos planos que conviven en tensión: malestar económico creciente y persistente demanda de orden. En ese punto exacto aparece el nuevo proyecto del Gobierno para reformar el sistema de pensiones por invalidez. Una iniciativa que, bajo el título de “lucha contra el fraude”, pone el foco en un dato tan impactante como discutido: el crecimiento exponencial del número de beneficiarios en las últimas dos décadas, que pasó de 76 mil a más de un millón.

El diagnóstico encuentra cierto consenso. La sospecha de irregularidades no es nueva.
Y la necesidad de ordenar, tampoco. Pero el proyecto va más allá de la revisión y ha mezclado a justos con pecadores. Ha usado a mansalva la motosierra cuando debió tener sintonía fina, mayor sensibilidad y sapiencia para el uso del bisturí, no de un serrucho

Propone auditorías masivas, cruces de datos entre organismos, reempadronamientos obligatorios y la posibilidad de suspensiones preventivas de beneficios. Endurece condiciones y vuelve a colocar en el centro el criterio de invalidez laboral. Esto es que considera incompatible el trabajo registrado con un ingreso social por invalidez o discapacidad.

Y, sobre todo, introduce con claridad una variable que atraviesa toda la iniciativa: el límite de los recursos disponibles. El proyecto busca claramente una redefinición del sistema. La discapacidad deja de ser exclusivamente un derecho a garantizar, para pasar a ser también un gasto a administrar.

Y en esa redefinición aparece la conexión más profunda con el clima social. Porque una parte importante de la sociedad —incluso aquella que se siente hoy más golpeada por la economía— parece dispuesta a avalar medidas de orden, control y recorte de irregularidades, aun cuando esas decisiones puedan tener efectos directos o indirectos sobre su propia situación.

Las encuestas han empezado a registrar la tensión por la que la política deberá transitar en breve, de cara al 2027. No hay todavía una ruptura entre sociedad y gobierno. Pero sí una zona cada vez más incómoda. Ayer mismo, cuando avanzaba la tarde, se conoció el envío del proyecto de reforma electoral por el cual Milei pide la eliminación de las PASO y la sanción de la Ficha Limpia para los cargos nacionales. Lo anunció a través de las redes: “Eliminamos las PASO –escribió el presidente–: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre”.

Una señal, quizás, de que el presidente comienza a leer el malestar respondiendo desde otro lugar, distinto al que supuestamente dice manejar con idoneidad y capacidad absoluta, el de la economía.