Hay gente preocupada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de Mendoza. Allí funciona la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Hay incertidumbre por el contenido de unos mensajes; de unos audios que desde hace pocos días forman parte del expediente más caliente de la provincia. Es la investigación por el pago de coimas en la Justicia Federal. El contenido no alcanza para dejar pegado a nadie de ese edificio en la causa, por ahora. Pero sí para demostrar cómo es el entramado del poder.
No es la primera vez que el caso salpica a la justicia mendocina. Apenas unas semanas antes de que se formalizaran los cargos contra el juez federal Walter Bento, sospechado de liderar una asociación ilícita que cobraba dinero a cambio de favores judiciales, hubo una filtración en la instrucción. Desde un organismo que depende del máximo tribunal de la provincia facilitaron al magistrado información clave para confirmar que estaban tras sus pasos. Esta vez, el escándalo amenaza con golpear las puertas de la Procuración que conduce Alejando Gullé.
El mundo del hampa tiene ciertas particularidades. Además de tratarse de un ambiente repleto de delincuentes, no todos tienen la misma función y misión.
El reparto de roles se da, especialmente, por las características propias de los personajes. Están desde los acomodados de traje y corbata que ostentan cargos y lugares de poder, hasta los marginales de poca monta, relegados siempre a tareas menores, al trabajo sucio. Son los que se meten en el barro y los que se llevan la peor parte del botín.
Son desechables, y lo saben. Como en cualquier otra organización, el último eslabón es el más fácil de cortar. Un fusible por el que no muchos reclamarían si deja de funcionar o, si de un día para el otro, desaparece. En Mendoza hubo historias así. Cuerpos tirados o perdidos por los que nadie exigió justicia ni organizó marchas.
No por ruines dejan de ser interesantes en las investigaciones de delitos complejos. Desde chicos están acostumbrados a pelear por su vida; a sobrevivir y a subsistir en medio de la jungla que les tocó en suerte. Por eso, como nadie, tienen desarrollado el instinto de conservación. Eso incluye mandar al frente a quien o a quienes corresponda si ven que la cosa se complica. No es ser buchón. Para ellos, es mantenerse con vida antes de convertirse en chivos expiatorios; en material de descarte.
Datos, audios, videos, registros de llamados. Todo sirve como garantía para salir con vida. Si los traicionan, actúan. Si los delatan, actúan. Salvo, que caigan en desgracia por cuenta propia. Allí optan por el silencio. Código de la calle. De lo contrario, irradiarán su capacidad para mutar de imputados a testigos clave. O arrepentidos. Una jugada camaleónica para no ser devorados por el sistema.
Con los mandos medios ocurre otro fenómeno. Son los facilitadores, los lobistas, los dueños de las relaciones públicas. Los encargados de unir dos puntos críticos. Personas entradoras, simpáticas, ágiles para acomodarse a diferentes situaciones y clientes. Carismáticos y con el temperamento necesario para generar confianza en un submundo donde la mentira es la verdad. Arribistas.
Hay dos tipos de intermediarios: profesionales y amateur. Los primeros, por lo general, fueron entrenados. Conocidos en la jerga como “servicios”, saben que la discreción es un arte. Hablan poco, escuchan mucho y se mueven por resultados. Los segundos son peligrosos. Necesitan mantener el perfil alto. Cuentan sus hazañas, vociferan quiénes son sus amigos y sus contactos; no dudan en citar nombres y direcciones para mostrar de lo que son capaces, y se crean un falso halo de inmunidad. La ciencia criminalística los tiene bien ubicados. De manual: o caen por egocéntricos o por bravucones. Pero, tarde o temprano, caen.
Diego Aliaga, el ex despachante de aduana secuestrado y asesinado el año pasado, no era el único que cumplía este “cargo” en la hipótesis del conjuro criminal.
Los investigadores de la causa coimas saben que un sospechoso abrió la boca, y mucho. Habló de más. Dio datos que parecían inaccesibles. Nombró a funcionarios judiciales supuestamente amigos; habló de la compra de un arma y de la posibilidad de jugarse una ficha a matar o morir si era atrapado. Incluso, mencionó reuniones con sicarios que le advirtieron que por ningún dinero del mundo iban a arriesgarse a atentar contra la vida de un fiscal o de un juez federal. Hasta ellos mostraron un límite. No sería extraño que por estas horas esté planificando su fuga.
Lenguaraz. No sabía que lo grababan. No tenía idea de que, justo en ese momento, alguien había decidido firmar una póliza de seguro.
Tal vez de allí y del relato de los abogados arrepentidos surjan nuevas imputaciones y nuevas detenciones. También es posible que, tal como se intentó hace unos días, haya maniobras de juego sucio, como la denuncia contra el juez del caso, Eduardo Puigdéngolas: un estudio de Buenos Aires hizo una presentación “de oficio” en el Consejo de la Magistratura contra el magistrado por presunto acoso laboral y violencia de género en perjuicio Ivana Aramendi, titular de la Secretaría E del Juzgado Federal 3.
“Es casi hasta gracioso. ¿En serio hicieron una denuncia y yo soy supuestamente una víctima? El doctor Puigdégonlas ha sido siempre un hombre muy respetuoso. Jamás pude haber tenido un problema con él ni él conmigo”, aseguró Aramendi.
El caso conocido como “Bentogate” va a entrar a una semana de definiciones. Este martes se levantará el secreto de sumario y es probable que, allí, se vea el efecto de lo que ocurre cuando un facilitador amateur se entrevera con un lumpen que tiene accesos, inquietudes y un grabador. Fuegos artificiales.