Hace apenas algunos días se cumplió el noveno aniversario del primer ascenso de Godoy Cruz a la Primera División. Esa fue la puerta de entrada para que la dirigencia del club y la barra decidieran abrir una negociación por manejo de poder y dinero que iba más allá de la tribuna.
El acuerdo llegó recién luego del debut del Tomba en la máxima división del fútbol argentino. La barra, comandada por Daniel Rengo Aguilera, mostró su capacidad para negociar a fuerza de disturbios: el primer partido –contra Arsenal de Sarandí- fue suspendido por incidentes generados por la hinchada bodeguera en el Malvinas Argentinas y se sumó al poco tacto que tiene la Policía de Mendoza para actuar en este tipo de casos. El disparo a quemarropa de un efectivo, dentro del campo de juego, contra el jugador Carlos Azcurra era el antecedente más cercano en experiencias similares.
Al día siguiente de la suspensión del partido, José Mansur, el hombre fuerte de la dirigencia tombina, se dedicó a dar entrevistas a todos los medios nacionales que lo consultaron. Allí negó tener vínculos con la barra, dijo que habían sido extorsionados y que las autoridades mendocinas nunca lo habían apoyado para erradicar a los delincuentes.
Las declaraciones fueron tomadas por el entonces fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano. Se abrió una causa y se lo citó a Mansur para que declare como testigo y, si le parecía pertinente, presentarse como querellante.
Nada de eso ocurrió. El dirigente aseguró no saber quiénes son los barras y negó haber tenido alguna vez trato con ellos. Unos años antes, había hecho lo mismo con un robo en su casa, donde, según una denuncia hecha por él, le habían robado el dinero de la recaudación de un partido importante de Godoy Cruz. Al ser consultado por los medios, dijo que desconocía el hecho.
Más allá del silencio cómplice de Mansur, la causa tras los incidentes en el Malvinas continuó su curso. Hubo una serie de escuchas telefónicas y se determinó que la barra brava contaba con la complicidad del Ministerio de Seguridad para llevar adelante su accionar. No sólo eso: incluso, quedó confirmado que durante uno de los encuentros los fuegos artificiales –prohibidos en la cancha- fueron ingresados en un patrullero. Y hasta hubo comunicaciones entre funcionarios y barras mientras se disputaba un partido para que no tiraran tanto petardo; de lo contrario, se iba a complicar para todos.
Esa causa quedó en la nada. El Rengo Aguilera salió impune, los funcionarios de Seguridad también y los comisarios que respondían a las órdenes de Aguilera hicieron lo mismo.
En los últimos años, a Aguilera se lo acusó prácticamente de cuanto delito está tipificado en el Código Penal: narcotráfico, contrabando, estafa, homicidio, extorsión… pero oficial y formalmente sólo recibió una condena menor por un abuso de arma.
Al Rengo se le conocen contactos con diferentes colores políticos. En Godoy Cruz ha coqueteado del mismo modo con el radicalismo que con el peronismo. Es simple: maneja una cantidad de gente importante y se ha convertido en un puntero al mejor postor. Es la lógica de todo barra. Y por eso se mantiene.
El Gobierno, desde el cobismo, pasando por Jaque e incluyendo a Pérez, ha soslayado esta situación. Nunca se le dio un ultimátum a los dirigentes, sino que, lejos de eso, la Provincia continuó apoyando económicamente al club.
El Mendoza, más allá de lo discursivo, jamás existió la voluntad política de combatir a los barras. Los homicidios registrados luego de un partido entre Guitérrez y Huracán, y la nula reacción oficial confirmaron una tendencia que tuvo su punto de esplendor en enero de 2012, cuando quien era ministro de Seguridad, Carlos Aranda, convocó a Rafael Di Zeo, máximo jefe de la barra brava de Boca Juniors para negociar una suerte de pacto de no agresión cuando el equipo xeneize jugara contra River. Días después, el gobernador Francisco Pérez apoyó esa decisión.
Por lo tanto, los problemas de este domingo en el Malvinas no son nuevos. Los dirigentes de Godoy Cruz, con Mansur a la cabeza, decidieron hace tiempo desconocer la disposición vigente que prohíbe la presencia de hinchas visitantes y los disfrazan de “neutrales” , término impuesto por Daniel Vila cuando era presidente de Independiente Rivadavia y con el cual se burlan de las normas y reciben el guiño del Ministerio de Seguridad para moverse por afuera de la ley.
La semana pasada, la Justicia Civil de Mendoza condenó al club Godoy Cruz, al Estado mendocino y a la Asociación del Fútbol Argentino a indemnizar a un hincha que fue apuñalado durante una pelea en las tribunas de Malvinas. Un ejemplo más que claro de que todos están metidos en el mismo negocio.
