“No estoy de acuerdo con el número actual. Y ahí explico las razones. No solo no garantiza pluralismo, sino que tiene el problema de la fácil obtención de mayorías con pocas firmas, tres, para decidir temas centrales para la vida institucional del país”.

Así, de ese modo, piensa Omar Palermo, miembro de la Suprema Corte de Mendoza e integrante del consejo de juristas expertos convocados por el presidente Alberto Fernández para asesorarlo en la posible reforma del máximo tribunal del país.

Pero Palermo es cauto en cuanto al número: “Propongo una ampliación que va de un mínimo de 7 a un máximo de 9”. Reconoce que los 5 actuales en el mínimo con el que puede actuar un tribunal como la Corte, pero entiende que “solo se necesitan tres votos para lograr una mayoría que termina decidiendo sobre cuestiones determinantes de la vida social y política del país”.

A eso, se le agregan las dificultades lógicas del funcionamiento. “Cinco integrantes es un número muy exiguo. Cualquier modificación en uno de sus miembros implica el riesgo de cambios bruscos de criterio, cosa que ocurriría en menor medida con un mayor número de miembros”.

Palermo escribe casi de memoria su voto en el Consejo Consultivo para la reforma judicial. Está conforme con lo presentado al presidente y destaca que fue el resultado “de un trabajo netamente académico, que no tiene que ver con mi lugar en la Corte provincial. Es una disidencia parcial fundada. Ha sido un laburo muy discutido con mi equipo de la cátedra en la universidad y con el del Poder Judicial. Armamos reuniones semanales a la par del consejo e invitamos a conferencistas a que dieran sus puntos de vista”.

Para el jurista mendocino, hay algo que debe ir más allá de la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Y hace hincapié en tres lineamientos generales: pluralidad, limitación de los casos que deben llegar al máximo tribunal y la discusión pública de esos casos.

“En la actualidad, con cinco miembros no está garantizado el pluralismo de miradas. Es clave que la mayor cantidad de actores políticos puedan verse reflejados en la conformación de la Corte. Deberían establecerse, además, reglas mínimas de integración en materia de género y en federalismo”, sostiene.

Los otros dos puntos quedan claros en un solo párrafo de su dictamen: “Su ámbito público de actuación debe quedar reducido a una serie muy limitada de casos con relevancia constitucional. Asimismo, en el desempeño de este rol, la Corte debería utilizar herramientas de diálogo institucional, con el objeto de mejorar sustancialmente la calidad del debate democrático”.

Lo explica así: “Todo lo que la Corte vaya a decidir lo tiene que discutir en audiencia pública con la ciudadanía. La gente debe decir cómo debe ser la agenda de la Corte. Es como decir ‘señores del pueblo han entrado estos temas para resolver. ¿Qué piensan? ¿Qué debemos tratar?’ Y sobre esa base armar la agenda anual”.

El número acotado de miembros implicaría para Palermo la actuación de la Corte en temas muy específicos que debería contar con la votación del pleno del tribunal: “No más de cien casos al año y sin división de salas; sobre todo, en cuestiones constitucionales”

Y, después sí, introduce una idea disruptiva: “La creación de Supremo Tribunal Federal dividido en salas temáticas, por encima de las cámaras de Casación y Apelaciones”.

De ahí, que en su dictamen se lea que “sería apropiado que se estableciera un mecanismo concreto por el cual se logre la representación de las distintas regiones conforme lo establece el artículo 124 de la Constitución argentina”.

De alguna manera, puede tratarse de un punto intermedio entre su postura y el acuerdo de los gobernadores para que cada provincia tenga un representante en la Corte.

“No puedo opinar sobre el proyecto de los gobernadores porque no lo conozco. Sí estoy de acuerdo con un Poder Judicial plural que represente a las distintas miradas que el país tiene sobre la realidad. Es decir, la reforma tiene que ser federal”.