Una de las reformas estructurales que lanzó Alfredo Cornejo para esta segunda gobernación es la disolución del ente de control del agua, el EPAS, que será absorbida por el Departamento General de Irrigación. El ministro Natalio Mema acudió a comisiones del Senado para justificar la transformación, pero también deslizó la necesidad de revisar las tarifas porque, indicó, actualmente sólo cubren los gastos operativos.
El titular del Ministerio de Gobierno e Infraestructura repasó la creación del EPAS, creado en los 90, con la privatización del 70% del servicio de agua potable en la provincia que quedó en manos de la principal operadora, actualmente, Aysam. Ya había dado los argumentos en la Cámara Baja.
Mema reconoció que el ente dirigido por el radical Mario Draque ha mostrado limitaciones en su capacidad para regular y controlar adecuadamente estos servicios.
De allí que en el Gobierno justificaron que “la disolución del EPAS y la transferencia de sus funciones al Departamento General de Irrigación permitirán una mayor eficiencia en la regulación y un ahorro importante para el Estado al evitar la duplicación de funciones“, indicó Mema.
El ministro recalcó en otro argumento a favor de la concentración de funciones en Irrigación. Sostuvo que el Ejecutivo quiere reducir los costos operativos y que el ente de control tiene gastos elevados que no se justifican frente a los beneficios que genera con su estructura actual.
Por esto, explicó que con la fusión se logrará una gestión más eficiente, pero adelantó que no impactará negativamente en las tarifas del servicio.
Con todo, ese fue un punto que Mema expuso frente a los senadores de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Mema señaló que es necesario revisar el esquema tarifario del servicio de agua potable.
Indicó que las tarifas actuales, que son tomadas como “sociales”, cubren únicamente los costos operativos, pero no son suficientes para financiar inversiones a largo plazo. “No estamos hablando de un ajuste inmediato en las tarifas, sino de garantizar la sostenibilidad del servicio a futuro“, aclaró.
En la presentación, Mema adelantó que los operadores comunitarios y municipales -que prestan el 30% del servicio en la provincia- seguirán contando con apoyo técnico y adelantó que se realizarán inversiones en infraestructura para mejorar las redes de distribución y ampliar el acceso al agua potable en las zonas más vulnerables de la Provincia.
El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial ya cuenta con la sanción de Diputados, por lo que ahora se apresta a ser discutida y votada en la Cámara Alta.
En el recinto, el oficialismo se impuso por mayoría y recibió el apoyo del (interbloque LUM), Gustavo Cairo (LLA) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza).