Rafael Escot.

Rafael Alfonso Escot, uno de los jueces más polémicos que tuvo la Justicia de Mendoza en las últimas décadas, dejó de ser magistrado. A los 64 años, el Ejecutivo aceptó su renuncia presentada en medio de una serie de investigaciones administrativas que volvieron a colocar su nombre en el centro de la escena judicial, entre ellas las derivadas del caso Próvolo y del expediente contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, denunciado por violencia de género.

Esta semana quedará oficialmente publicada su salida en el Boletín Oficial.

Escot había llegado a esta instancia después de una extensa carrera en el Poder Judicial. Ingresó en 1988, fue fiscal en Tunuyán, juez de Instrucción y desde el 2001 integró tribunales de sentencia. Durante años estuvo al frente de la Quinta Cámara del Crimen y, con la implementación del sistema de juicio por jurados, fue además el primer magistrado en conducir uno de esos debates en la provincia.

Su salida no es la consecuencia de una carrera judicial silenciosa. Por el contrario, Escot construyó durante décadas un perfil que lo convirtió en un personaje conocido dentro y fuera de Tribunales hasta llegar al Polo Judicial.

Su pasión por las armas fue una de sus características más visibles: durante su etapa como juez de Instrucción llegó a encabezar allanamientos con chaleco antibalas y un revólver en la cintura, incluso en operativos masivos realizados en barrios populares.

Uno de los capítulos más controvertidos de aquellos años fue la investigación conocida como la “mafia policial”, durante la gobernación de Roberto Iglesias, en la que se investigó una supuesta connivencia entre policías y delincuentes.

La pesquisa demandó importantes recursos del Estado y terminó sin condenados: los acusados fueron sobreseídos o absueltos y algunos incluso reclamaron posteriormente indemnizaciones. En ese período también investigó los homicidios de los informantes policiales José Zambrano y Pablo Rodríguez, causa que llegó a juicio pero terminó con la absolución de los acusados.

Escot también quedó asociado a una particular manera de conducir las investigaciones. En aquella época fueron cuestionados sus vínculos con autoridades policiales y sus métodos para interrogar a sospechosos. En uno de los episodios relatados años después, un imputado contó que el magistrado lo había recibido a solas en su despacho y había colocado un arma sobre el escritorio. La escena quedó incorporada como uno de los ejemplos del estilo que durante años rodeó la figura del juez.

Otro expediente que lo tuvo como protagonista fue el robo de cientos de armas de un depósito judicial. De ese lugar desaparecieron entre 600 y 1.000 armas de fuego, entre pistolas, fusiles FAL, escopetas y ametralladoras.

Su nombre también apareció en las páginas policiales por cuestiones de su vida privada y por su afición a la cacería, con fotografías de expediciones para cazar animales en cotos, incluso en África.

Escot

En el 2016 volvió a quedar bajo la lupa por una denuncia administrativa presentada por la fiscal de Cámara Laura Rousselle, quien lo acusó de ejercer violencia de género y maltrato psicológico durante el trabajo cotidiano en los debates.

Escot negó la acusación en diálogo con este diario y sostuvo que las diferencias eran jurídicas y que nunca había maltratado a la fiscal por ser mujer. El conflicto terminó provocando su inhibición en un juicio por extorsión que había comenzado bajo su conducción.

Uno de sus fallos más controvertidos había ocurrido años antes, en el 2010, cuando integró el tribunal que volvió a juzgar a un joven que había disparado accidentalmente contra su novia.

La víctima sufrió muerte cerebral y sus órganos fueron donados. Escot sostuvo entonces una interpretación que generó repercusión nacional: consideró que la joven había muerto como consecuencia de la intervención médica posterior y no directamente por el disparo que le provocó la lesión cerebral. El imputado terminó condenado a tres años de prisión en suspenso por lesiones gravísimas culposas.

La etapa más reciente volvió a llevarlo al centro de la escena. En el segundo juicio por los abusos cometidos en el Instituto Próvolo, Escot integró inicialmente el tribunal, pero fue recusado y apartado en agosto del 2022 después de referirse como un “diálogo de sordos” a las dificultades para tomar declaración a un testigo hipoacúsico. La fiscalía y los abogados de las víctimas consideraron que sus expresiones podían afectar su imparcialidad y el tribunal hizo lugar a la recusación.

Este año, su nombre reapareció por el escándalo judicial derivado de la causa contra Marcelo D’Agostino.

Jueces en actividad y jubilados lo denunciaron administrativamente ante la Suprema Corte por la presunta filtración de capturas de un grupo privado de WhatsApp que fueron entregadas a los abogados del exfuncionario. El episodio derivó en nuevos cuestionamientos sobre su actuación y quedó relacionado con las recusaciones e inhibiciones que atravesaron ese expediente.

En paralelo, Escot había presentado un amparo antes de cumplir los 65 años. Presentó un amparo ante la Justicia federal porque ya reunía los años de aportes necesarios para jubilarse y buscaba acceder al beneficio sin tener que esperar hasta esa edad.

El planteo tuvo una resolución favorable y, con ese antecedente, avanzó finalmente hacia su retiro. La aceptación de su renuncia por parte del Ejecutivo, concretada en los últimos días, puso punto final a una carrera de casi cuatro décadas marcada por fallos controvertidos, enfrentamientos, recusaciones, denuncias administrativas y una exposición pública poco habitual para un magistrado.