El lunes, presos del complejo penitenciario Almafuerte, en Cacheuta, iniciaron una huelga de hambre para poder volver a ver a sus hijos, tras ocho meses sin visitas familiares por la pandemia del coronavirus (Covid-19). En las últimas horas se sumaron más de 180 internos a la medida de fuerza, incluyendo a un sector del penal de Boulogne Sur Mer, en Ciudad.
Los reos piden ser escuchados por el juez Sebastián Sarmiento, ex director del Servicio Penitenciario (SP) y encargado de las audiencias de ejecución penal; el actual director del SP, Eduardo Orellana y por el procurador penitenciario.
El miércoles se realizó una videoconferencia entre referentes de los diferentes sectores en huelga con la jueza Mariana Gardey, también encargada de los casos de ejecución penal. En la misma se presentó un habeas corpus por la prohibición de las vistas de los hijos de los detenidos, el cual se resolverá en brevedad, indicaron fuentes consultadas.
Entre los pedidos que se plantearon se encuentran la reunión con las autoridades anteriormente mencionadas, la revisión de los pedidos de beneficios rechazados, tales como libertades condicional, asistida y salidas transitorias.
Así como también un control sobre la incorporación de condenados a etapas de beneficios que contempla la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, ya que consideran que los mismos se han atrasado durante la pandemia.
Por último, se pidió que se disponga de un transporte público para que los familiares de los internos puedan trasladarse hasta la zona de Cacheuta.
Entre los sectores que participan del reclamo se encuentran el 2-3, 5-4, 5-3, Admisión 2 de Almafuerte y 9-C de Boulogne Sur Mer.