Madrugada del 13 de febrero de 2014. La tormenta eléctrica era tan fuerte que la vibración del teléfono se perdía con el ruido de la lluvia y los truenos. Al ver la pantalla del celular, casi instintivamente, hubo sorpresa: 11 llamadas perdidas, y todas de una persona vinculada con la primera línea de la justicia mendocina. Y, automáticamente, una nueva vibración: llamado entrante.

“Perdón la hora. Pero te llamo porque mandamos custodia para tres de tus periodistas. Nos llegó un mensaje clasificado como urgente. Nos dicen que la Yaqui mandó a matar a los periodistas de El Sol. ¿Vos querés que te pongamos una consigna?”.

Hacía sólo una semana, en una charla con uno de los periodistas que escribe sobre hechos policiales y judiciales, el tema tenía que ver, precisamente, con Sandra Jaquelina Vargas. Quienes han cubierto policiales en los últimos 20 años en Mendoza saben que este tipo de bandas de narcos son relativamente nuevas. Manejan otros códigos, se matan entre ellos por cuestiones territoriales; usan adolescentes como carne de cañón y poco importa si matan o mueren. Siempre aparecen más.

Después del primer shock, la respuesta fue vestirse con lo primero que apareciera en la habitación, agarrar el auto y salir rápido hacia la redacción. En el camino, hacer todos los llamados posibles para alertar sobre lo que estaba sucediendo.

Frente a la computadora, la idea era preservar a los periodistas. Buscar absolutamente todas las notas on line sobre la banda de la Yaqui y cambiar la firma del autor. Sacar los nombres y poner simplemente “elsol.com.ar”.

Miedo, precaución y decisión. En ese orden. Las notas iban a seguir ahí. La historia de la mujer que lideraba una gavilla de venta de estupefacientes en el oeste de Godoy Cruz no se iba a borrar. El objetivo era sólo cuidar a los periodistas.

De todos modos, los agentes de la Dirección de Inteligencia Criminal habían sido más rápidos. Apenas tuvieron la información, hurgaron en el diario y anotaron los nombres que podían estar más comprometidos. Pasaron esos datos a la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos y se decidió mandar un patrullero a la puerta de la casa de cada uno.

Lejos de los mitos y del romanticismo que existen alrededor del periodismo, las reacciones fueron las esperadas para cualquier persona. Y ahora qué, era la pregunta. No era tanto el temor a un ataque concreto. Pero la preocupación existía.

Si bien los que trabajan en esto creen que la vida pasa únicamente por lo que ocurre en la redacción o cuando salen a la calle a cubrir una nota, detrás de cada uno hay familias.

Esa madrugada, el raíd continuó en la casa de uno de los periodistas que había recibido custodia. Tratar de poner calma y evitar la ansiedad.

Ese día algunos periodistas no fueron a trabajar. Algunos lloraron y otros decidieron quedarse con sus familias, lejos del agite que se estaba viviendo.

Por la tarde hubo una reunión en la redacción. Se hizo una especie de consulta popular para saber cómo era el estado de ánimo. Todos estaban un poco asustados. Se pidió consigna policial y llegó en cuestión de minutos.

Era lógico: lo que había pasado no era una amenaza tradicional. No fue un loco que llamó por teléfono de manera anónima y lanzó una advertencia. El dato había llegado por otro lado. Un “topo” de la inteligencia policial había estado en la reunión donde la Yaqui manifestó su odio hacia los periodistas de este diario. Se había bancado todas las publicaciones, pero se fastidió cuando cobró trascendencia nacional. Ese mismo datero, un mes antes, había ayudado a capturar a un hombre vinculado con esa banda, sospechado de homicidio y que, casualmente, también se escondía en San Luis.

El trabajo de la sección Policiales consistió en hilvanar hechos. Una serie de crímenes en esa zona de Godoy Cruz tenía un denominador común. La Justicia no lo advertía porque cada homicidio era tomado por un fiscal diferente y ninguno tenía el cuadro de situación completo. A la policía tampoco le interesaba mucho. Toda la información publicada surgía de fuentes propias.

“Sí, la verdad es que tuvimos que abrir una causa de oficio. Eran tantas las cosas que estaban publicando que no podíamos hacernos los boludos”, manifestó un funcionario judicial. “Y ahí empezaron a saltar varias cosas”, completó.

A las amenazas se sumaron intentos por desacreditar el trabajo periodístico. Agresiones de abogados y difamaciones mediáticas.

Pasaron más dos años desde esa noche tormentosa. Y hubo condena.