La defensa de la monja Kumiko Kosaka, Carlos Varela Álvarez, no apelará la elevación a juicio que fue confirmada hace algunas semanas por un juzgado penal colegiado y pidió al Tribunal Penal N°2 que esta causa se acumule a la de la ex apoderada Graciela Pascual para que lleguen a debate oral las dos juntas.

Tanto la religiosa que estaba a cargo del albergue para niñas como la trabajadora social, sindicada como la “mano derecha” de los curas acusados de abuso, están imputadas por la participación primaria y la omisión de denunciar los ultrajes que habrían ocurrido en el colegio.

Álvarez señaló que este miércoles realizaron la petición al fiscal Gustavo Stroppiana y al Tribunal a cargo del juicio, para que el próximo 22 de noviembre se realice en la misma audiencia preliminar, el tratamiento de las dos investigaciones.

“Creemos que debe hacerse un único juicio, porque estamos hablando de los mismos testigos y peritos a los que no tiene sentido hacerlos venir a declarar dos veces”, apuntó el letrado.

El 29 de octubre, la jueza Mariana Gardey realizó un control jurisdiccional para la elevación a juicio y resolvió que continúe por las vías necesarias hasta llegar a debate.

De esta manera, la religiosa debe enfrentar seis hechos por participación primaria, abuso sexual simple y corrupción de menores.

Frente a este requerimiento, el abogado querellante Sergio Salinas cuestionó la “actitud dilatoria” de la defensa de la monja y aseguró que, si bien podrían acumularse como se hizo al principio de la instrucción, “no creo que lleguemos al 22 con la audiencia de Kumiko”.

“Pretendieron tanto dilatar el proceso para que se vencieran los plazos de las detenciones y ahora es muy difícil que se unan los dos”, opinó.

Y advirtió: “Así como corrimos nosotros la otra vez por su actitud laxa, totalmente manipuladora, el pasado 4 de noviembre, por los tiempos de la preventiva, ahora, nosotros vamos a estar tranquilos“.

Empiezan los alegatos de la defensa 

Este jueves está previsto que culminen los abogados querellantes Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes iniciaron su formulación este miércoles con los hechos en perjuicio de cuatro, de las once víctimas, y que prosiga la defensora Alicia Arlotta, representante de los curas Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (61) y del ex jardinero Armando Gómez (51).

Barrera explicó que aportaron en los alegatos algunos aspectos como las “condiciones del edificio, el sistema de autoritarismo y de complicidades que había en la institución, el hecho de que el instituto Próvolo era una escuela de gestión estatal que tenía una incidencia en lo público y donde el sistema oralista era el método de educación excluyente de la Lengua de Señas, cuando lo que correspondía era respetar el sistema de comunicación de los sordos”.

Por otro lado, destacó que también se centraron en el sistema de selección y la vulnerabilidad de las víctimas y, por último, el papel central de los intérpretes, claves para el desarrollo de la investigación.

Como el Tribunal -integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli- resolvió pasar a un cuarto intermedio, el pedido de pena quedó pendiente para este jueves, aunque los abogados anticiparon que solicitarán la máxima condena.

Los tres imputados enfrentan las acusaciones de abuso sexual simple, agravado con acceso carnal, corrupción de menores agravado porque estos debían velar por el cuidado de las víctimas.

El próximo martes 26 de noviembre se cumplen tres años de que estallase el escándalo de pedofilia en el instituto Próvolo de Carrodilla. Hoy ya extinto, es el edificio donde funciona el Parque Cívico de la Municipalidad de Luján.