Las víctimas de abuso sexual eclesiástico podrán tener acceso a los archivos del Vaticano y conocer el estado de las causas canónicas contra miembros de la Iglesia Católica. Este cambio radical viene a modificar un estatuto propio de las Leyes del Vaticano, tan cuestionado por los organismos de Derechos Humanos en el mundo, como por las redes de sobrevivientes de delitos sexuales en el ámbito de la Iglesia.

El Papa Francisco dio a conocer este martes, el cambio radical que ya está vigencia y que reside en la eliminación del secreto pontificio en las denuncias relacionas a delitos sexuales contra religiosos.

“La decisión de Francisco es histórica y hace un tiempo que se venía haciendo este pedido. Porque en primer lugar están las víctimas. Este instituto lo que hacía era conspirar en contra la de la Iglesia”, sostuvo el obispo de Córdoba, Sergio Buenanueva, quien tiene a su cargo el organismo para prevenir los abusos sexuales eclesiásticos en Argentina.

“Según pude leer el documento la aplicación es inmediata. Ahora se tendrá que definir cuál será el mecanismo para que tanto los denunciantes, como los religiosos sospechados puedan adquirir esta información“, advirtió.

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Por otro lado, analizó que la gravedad de los delitos sexuales y la sensibilización que está produciendo en toda la sociedad, “está poniendo de cabeza a los procedimientos, tanto del derecho penal como el canónico. Esta decisión va en línea de todos esos cambios”.

El responsable de aplicar un protocolo en las parroquias y centros educativos de la religión católica para desalentar ataques contra la integridad sexual, aclaró que la Iglesia no tiene una estadística que permita dimensionar cuántos expedientes canónicos se deben abrir.

Hasta la modificación impuesta por Jorge Bergoglio, “el secreto pontificio” estaba vinculado a la confidencialidad de los procesos internos en casos de abuso sexual y que eran ámbito exclusivo de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Estado del Vaticano.

Otro de los aspectos centrales es que se avanza en la colaboración con las autoridades civiles, es decir con la Justicia de cada país que instruya en estos casos.

Aunque fuentes especializadas en el tema destacaron que estos datos no serán públicos, sino que se entregarán según el requerimiento de las partes en los procesos judiciales.

Las causas emblemáticas de Mendoza 

En los tres años que llevó el proceso investigativo y el juicio en el caso de los abusos sexuales en el Instituto Próvolo contra los ex alumnos sordos, las víctimas no tuvieron acceso a los expedientes internos de la Iglesia, para conocer si los curas, acusados y después condenados, Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61) tuvieron algún tipo de sanción o si fueron expulsados de la curia.

El fiscal Gustavo Stroppiana, instructor de las tres investigaciones que se abrieron, solicitó oportunamente lo actuado por el vicario judicial del Vaticano Dante Simón, pero este se excusó de no estar autorizado para brindar detalles de su informe por las normas del derecho canónico.

Luego, de que el Tribunal Penal Colegiado Nº2  sentenciara a Corradi y a Corbacho a 42 y 45 años respectivamente, Simón dijo que su dictamen coincidía con el de Justicia mendocina y que había pedido la expulsión, pero que no tenía datos de la situación actual de los ex fundadores de la Congregación Antonio Próvolo.

Por su proceder, Simón fue denunciado por el abogado querellante Sergio Salinas por la presunta falta de colaboración con la tarea de la Justicia penal y este viernes deberá presentarse a brindar una declaración informativa.

Los reclamos por la apertura de la información para los denunciantes, también marcó otro hecho que escandalizó a la opinión pública, que fueron los presuntos ataques sexuales a un seminarista, que en ese momento era menor de edad, en el Monasterio del Cristo Orante.

En esta causa, los sacerdotes Diego de Jesús Roqué y Oscar Portillo están en prisión preventiva en la modalidad de la detención domiciliaria por abusos sexuales agravados.

Ambos tienen procesos investigativos abiertos por las violaciones que se investigan y por “abuso de conciencia”, que es una figura contemplada dentro del código de la Iglesia.