Los prestadores del sistema de salud de la provincia realizarán un paro total de actividades de 48 horas, el 7 y 8 de febrero. Según anunció AMPros, la medida de fuerza es en reclamo a las condiciones laborales en la que se encuentran 2.000 trabajadores que no están bajo los beneficios del convenio colectivo de trabajo. Se garantizarán las guardias mínimas y la atención de la salud de la población.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, afirmó que los servicios de los efectores  de salud más importantes de la provincia como Terapia Intensiva, Guardia, Unidad Coronaria, Neonatología, Salud Mental, ETI o ex OALES están sostenidos por profesionales que son monotributistas y no tienen contrato con el Estado.

“Estas modalidades no otorgan ningún derecho al trabajador ni estabilidad en la atención al paciente, con el riesgo que implica que estos profesionales hoy estén y mañana no, ya que no existe ninguna relación formal con el Gobierno. Sumado a ello, el Ejecutivo favorece la tercerización de los servicios, lo que implica la privatización encubierta de las especialidades más escasas”, dijo.

“En cumplimiento con la Ley 25.877, los servicios esenciales serán cubiertos mediante el personal de planta permanente no afectado a la medida, quien garantizará las guardias mínimas y resguardará la atención de la salud de la población”, sostuvo Daniel Jiménez, secretario Gremial.

Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de la entidad gremial, destacó que “la situación ya no puede dilatarse más. Se trata de profesionales que no reciben aportes jubilatorios, ART, obra social, ni antigüedad. No pueden acceder a ascensos en su carrera, no tienen vacaciones ni perciben aumentos equivalentes al resto de la población sanitaria, no gozan de descansos, licencias por enfermedad ni protección por maternidad”.

“Todos los cargos de profesionales que se jubilaron se suprimieron y han sido reemplazados por prestaciones y contratos de locación, que se encuadran dentro de las modalidades precarizantes, lo que no significa un verdadero achicamiento, sino un pseudo achicamiento del Estado”, concluyó Isabel Del Pópolo.