El aval de la Corte provincial para que los equiparados a magistrados que no cumplen funciones judiciales sigan cobrando como tales abre una puerta a las interpretaciones en un tribunal cruzado por las internas políticas e ideológicas. En el contexto de diferencias que simulan ser irreconciliables en el cuarto piso del Palacio Judicial, parece una instancia de negociación. Una invitación al diálogo; más por necesidad que por convencimiento; sobre todo, porque las últimas discusiones corrieron el velo que le daba cierto halo sacro a la figura de ministro de la Corte y expusieron peleas de tinte callejero. Con un agravante: lo que está en juego es la calidad institucional de la justicia de Mendoza.

El Poder Judicial se movió, históricamente, a través de arreglos corporativos. Los debates siempre tuvieron lugar hasta el punto en que alguno de sus miembros percibía el riesgo de quedar expuesto. En ese momento, todos hacían causa común, cerraban filas y lo convertían en una cofradía de tintes masónicos. Los asuntos internos nunca se ventilaron más allá de lo previamente establecido.

El epicentro actual de los conflictos se da en la Sala 2 de la Corte. Allí, con los votos de Omar Palermo y Mario Adaro (José Valerio lo hizo en disidencia), se hizo lugar al amparo presentado por los equiparados que no quieren perder su condición. Es sólo la cautelar, es cierto. Es una suerte de puntos suspensivos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Y, en términos judiciales, si pasa el tiempo, puede convertirse en un punto final, tal como ocurrió con el reclamo presentado también por equiparados cuando Francisco Pérez determinó que nadie podía ganar más que el gobernador. Amparo, cautelar… Y nunca más.

Este año, la actividad judicial estuvo signada por dos hechos. El primero, la polémica por los sueldos onerosos que cobraban funcionarios judiciales que no tenían responsabilidad ni ascendencia en la resolución de fallos. Se justificó que los relatores de la Corte cobraran como jueces por el trabajo que realizan; de hecho, está legislado de esa manera. Sin embargo, se cuestionó que semejante premio salarial alcance a empleados con tareas meramente administrativas, más allá de los cargos que ocupen.

El gobernador Rodolfo Suarez manifestó estar sorprendido por esos montos y aseguró que no pueden existir esas inequidades en una provincia con tantas necesidades. Envió un proyecto a la Legislatura para limitar la figura de los equiparados y logró convertirlo en ley. La controversia, ahora, pasa por saber el alcance de esa norma. Por eso el amparo presentado por quienes ya estaban cobrando; porque entienden que debe respetarse la intangibilidad de sus sueldos.

Incluso si la Corte mendocina, que debe resolver el fondo de la cuestión en plenario, le diera la razón al planteo de Suarez, se corre el riego de que el expediente llegue a la Corte de la Nación. Y un fallo adverso que contemple un principio tan básico como el de la no retroactividad de una norma, podría convertirse en un papelón institucional.

La cara visible de ese listado siempre fue la secretaria de la Presidencia de la Corte, Elizabeth Carbajal. Pero también apuntaron a los funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, un sector vinculado directamente con Palermo.

El segundo episodio comenzó cuando, en medio del escándalo por el nombramiento de familiares, y luego de una charla privada con el gobernador Rodolfo Suarez, Jorge Nanclares decidió iniciar sus trámites jubilatorios y renunciar casi de manera exprés como presidente y ministro de la Corte. De ese mismo modo fue nombrada en su lugar Teresa Day, previa aprobación, claro, del Senado.

La polémica alrededor de la candidatura de Day se centró en la interpretación de la Constitución Provincial y en los requisitos establecidos para formar parte del máximo tribunal.

Como presidente de la Sala 2, Palermo habilitó un planteo hecho por organismos de Derechos Humanos que se oponían a la candidatura de Day. Y ya con ella en la Corte, decidió llamar a un fallo plenario para decidir si cumple o no con las condiciones que exige la carta magna de Mendoza.

Es otro tema que deberá ser resuelto por la Corte en pleno; con la diferencia de que, en este caso, la discusión no puede dilatarse. Y la posibilidad de una negociación “Day a cambio de equiparados” está en el aire.