Todo cambió procesalmente para los detenidos de la causa Aliaga después del hallazgo del cadáver, el 11 de setiembre en Costa de Araujo, Lavalle.
Los primeros cuatro detenidos –el socio y amigo del empresario, Diego Alejandro Barrera (50); la mujer, Bibiana Sacolle (46), y los hijos de ella, Lucas (26) y Gastón Curi (28)– se encontraban acusados por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, pero todo se agravó para ellos en las últimas horas.
Al encontrarse el cuerpo enterrado del ex despachante de aduana de 51 años, el fiscal federal del caso, Fernando Alcaraz, comenzó a analizar las pruebas del expediente para definir una nueva calificación contra todos los detenidos, sumando al llamado “quinto” partícipe del hecho, Washington Yamil Rosales.
Así, de acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal formuló una nueva imputación contra Barrera y su familia y Rosales y la única pena prevista, en caso de ser hallados culpables en juicio, será la de prisión perpetua: secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en concurso real con secuestro extorsivo seguido de muerte en concurso ideal con homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y también robo.
Estaba previsto que la indagatoria se realizara este jueves por la mañana, pero, el acto procesal no se desarrolló porque la defensa de la familia imputada cuestionó la decisión del representante del Ministerio Público al entender que la competencia de la causa está en conflicto después de la resolución del juez del caso, Marcelo Garnica.
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Básicamente, y basándose en un fallo de la Corte Suprema, el magistrado que dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro primeros detenidos por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas se declaró incompetente y entendió, el 22 de setiembre, que en el caso Aliaga no se está en presencia de “la existencia de una organización delictiva destinada a cometer en forma sistemática secuestros extorsivos o la multiplicidad de ilícitos cometidos en distintas jurisdicciones o bien la participación de miembros de las fuerzas de seguridad”, por lo que la causa debía pasar a la Justicia ordinaria.
La resolución del juez fue apelada por la fiscalía y también la querella, y la Cámara de Apelaciones Federal será la que determine en qué fuero debe continuar instruyéndose la causa.
Mientras se definen todos los cruces y los cuestionamientos en los tribunales, el fiscal dio otro paso importante luego de recibir, el viernes, un informe de la autopsia que confirmó lo que le habían adelantado en un informe telefónico: que Aliaga murió por asfixia mecánica.
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Al tener en claro que se está en presencia de un asesinato, todo se modificó para los detenidos a pesar de que todavía no se realizó la indagatoria correspondiente (no está definida la fecha).
El caso
El empresario Diego Aliaga desapareció el martes 28 de julio, cuando tenía pensado juntarse con su socio y amigo Diego Barrera en una casa de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. En ese domicilio de calle Bandera de los Andes iban a abrir una clínica de rehabilitación para personas con discapacidad.
Se cree que Aliaga fue reducido allí por un grupo de personas y que lo ataron y le taparon la boca para “apretarlo”. Al parecer, existían problemas económicos entre ambos hombres.
Mientras se encontraba desaparecido, el hermano de la víctima recibió un llamado en el que le pedían un millón de dólares a cambio de la vida de la víctima.
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La causa se comenzó a trabajar como secuestro extorsivo y, cinco días después, Barrera y su familia quedaron detenidos en su casa del barrio Dalvian.
Teléfonos celulares y otras pruebas los ubicaban en la escena de calle Bandera de los Andes.
El cuerpo de Aliaga, sostiene la hipótesis principal (los casos de secuestro extorsivo son investigados por la fiscalía federal y no por el juez después de la llamada Ley Blumberg del 2004), fue trasladado a un galpón de calle Jujuy, de Ciudad, y luego hasta un descampado ubicado camino a Gustavo André.
Gracias a un pacto de colaboración que firmó el empleado de Barrera, quien también habría tenido algún grado de participación en el hecho, personal de Investigaciones y la Justicia federal dio con los restos de Aliaga enterrados a medio metro el 11 de setiembre por la tarde.
