Es indiscutible que las redes sociales generan un circuito de comunicación horizontal que, hasta hace unos años, era impensado. Y, además, un nivel de interacción entre diferentes sectores sociales que de otra manera no se hubiese logrado.
No es una novedad, es cierto. Sin embargo, es interesante el uso positivo o negativo que la política mendocina le dio a esta nueva generación de medios.
El sector dirigente tiene la oportunidad de relacionarse en un llano donde no existen clases sociales y la democratización de la palabra es ley. De ahí, la necesidad de combatir las noticias falsas para no desacreditar el medioambiente digital y para evitar que la libertad de expresión se manche con difamaciones.
La pregunta es: qué valor institucional se les da a las redes. Y es en ese lugar donde muchos funcionarios están haciendo agua y muestran su flanco más débil desde el manejo de los asuntos políticos que generan agenda pública.
Apuestan a la declaración fuerte; a la acusación sin sustento documental y que sólo busca generar ruido e impacto, pero que no pasa de la intrascendencia de una charla de café. Se trata de sembrar una duda y, después, hacer de cuenta de que no ha pasado nada.
En otras palabras, son balas de fogueo. Pirotecnia para una tribuna que se encarga de viralizar tal o cual imputación, pero que, rara vez, llega al despacho de un fiscal. Una guerra con cruces de chanchullos disparados de manera subrepticia que, seguramente, afectaron a la Provincia, y que quedarán en la frivolidad de un posteo.