Marcelo Javier Amaya (41), Aníbal Damián Luna (39), Néstor Enrique Miranda (31) y Fabio Marcelo García (32) son los cuatro policías de Mendoza que están siendo juzgados por el secuestro extorsivo de la hija de un empresario dueño de una importante distribuidora de bebidas, entre otros rubros, con base en Las Heras, hace poco más de dos años.

Tres uniformados desarrollaban tareas en el Comisaría 49ª de Maipú y el restante, en la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Guaymallén pero con pasado en la dependencia de Rodeo del Medio.

En el juicio que se está ventilando en el Tribunal Oral Federal Nº2, con la presidencia de Héctor Cortés y la fiscalía de Gloria André, hay otros seis procesados, cuatro por el secuestro y dos por la tenencia de armas de la organización.

Para liberar a la víctima, quien por aquellos día tenía 26 años, los secuestradores le exigieron vía telefónica 500 mil dólares a su progenitor. El empresario era el que mantenía el contacto con la banda y realizó dos pagos: uno de 414 mil pesos y 1.000 dólares y otro de 201 mil pesos y 15.000 dólares.

La joven fue liberada en shock el 23 de febrero por la noche hacia el oeste de la Rotonda del Avión, catorce horas después de haber sido retenida mientras se dirigía a la zona industrial, donde trabajaba y está la empresa familiar.

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En el juicio oral se trata de determinar cuál fue el rol de los policías de Mendoza en el secuestro de la joven. Y, en la instrucción, el fiscal federal Fernando Alcaraz entendió que su participación fue clave para que la banda mantuviera el control del secuestro sin que la Policía se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

Para ello, los uniformados tenían trato con el llamado nexo de la organización, Fernando Alfonso Lira, señalado como un vendedor de drogas por uno de los policías que declaró en la causa.

Este hombre de 39 años mantenía diálogo con parte de la banda en Buenos Aires y en Mendoza y tenía el objetivo de conseguir lo que más les hacía falta para despistar a la Policía: una radio Tetra.

Para eso, sostiene la investigación, Lira se comunicó con un amigo, el policía Aníbal Luna. Fue a él a quien le pidió que le consiguiera una radio de la fuerza para tener el monitoreo de la Policía mientras se desarrolló la privación de la hija del empresario.

Aníbal Luna fue uno de los que declararon en la causa y aportó todos los detalles de cómo terminaron llevándose una que tenía dañado el sistema de posicionamiento global de la Comisaría 49ª, la MM-86.

En un primer momento, tras su captura, Luna declaró que era amigo de Lira y que lo llamaba “primo”.

“Como yo ya no trabajaba en esa Comisaría (la 49ª) desde el 30 de diciembre del 2015 no podía entrar y tomar la radio como si nada. Se lo expliqué a Fernando Lira y me dijo que contactara a alguien de allí y le ofreciera 2.000 pesos por cada día que la radio faltara de la dependencia. Por este motivo, debía contactarme con alguien que estuviera de acuerdo en sacarla, fue cuando contacté al auxiliar Néstor Miranda y le dije que era para un servicio (extraordinario) trucho”, contó Luna.

En otra parte de la indagatoria, fue más claro con respecto a la participación de un grupo de policías en la “desaparición” de la radio. “Miranda me dijo que hablara con el escribiente de guardia, que estaba todo arreglado. Por lo tanto, me constituí en la Comisaría a la medianoche del 22 de febrero (el secuestro fue el 23 a las 8) y le dejé $2.000 al escribiente de guardia, el auxiliar Fabio García y él me pasó la radio”, detalló.

Luna, uno de los primeros policías en ser detenidos, junto con Marcelo Amaya, realizó una ampliación de declaración y aseguró que accedió al pedido de Lira para sustraer la radio porque tenía una deuda de drogas con él.

“Volviendo a los días anteriores al hecho que se me imputa, aparte de las deudas financieras que había contraído, le debía a Fernando Lira una suma aproximada de 15 mil pesos; él me había dejado una piedra de cocaína antes de que este efectuara un viaje, y yo me tomé más de la mitad, este es el motivo de la deuda referida. Fue entonces, a principios del 2016, que me dijo que tenía una solución para que cancele la deuda, me dijo que pronto iba a venir una gente de fuera de la provincia con la que pensaba hacer un par de cosas y, como sabía que yo era policía, me pidió si le podía conseguir una radio para escuchar la frecuencia policial”, declaró.

Amaya también habló en el expediente. Para los investigadores, ya que fueron los únicos policías que hicieron uso de este derecho, quedó en evidencia que lo hicieron para desligarse de la acusación más pesada: el secuestro.

Cada uno por su lado señaló que desconocía que la MM-86 iba a ser utilizada durante un secuestro extorsivo. Para los pesquisas, cada uno de los policías tuvo un papel fundamental para que el secuestro fuera exitoso.

Entendieron que García, al ser el escribiente, permitió la extracción de la radio de la dependencia y realizó maniobras ilícitas durante el día que retuvieron por la fuerza a la hija del empresario, como así también se contactó con los coimputados; que Luna diagramó, con su amigo Lira, las maniobras para extraer la radio y negociar el monto de dinero que le iba a dar a cada uno de sus pares y también ir a buscarla a la dependencia maipucina; que Amaya coordinó con Luna cómo iba a ser el encubrimiento respecto del faltante de la radio; reunirse, al menos, dos veces con Lira con el fin de negociar más tiempo para usar la radio; y que Miranda controló con Luna y García la extracción de la MM-86 y le hizo creer al comisario de la dependencia, quien ya declaró en el juicio, que la radio se encontraba en su poder porque se la había llevado por error.

Lo cierto es que los cuatro policías son coimputados por el delito de secuestro extorsivo, agravado por ser funcionario público y la participación de tres o más personas. Arriesgan entre 10 y 25 años de cárcel. La situación de Miranda suma la tenencia de un arma ilegalmente.

El juicio promete ser extenso por la cantidad de testigos. Más allá de esto, fuentes judiciales señalaron que la situación de los acusados es complicada con vistas a la sentencia. Y las penas podrían ser duras.

El caso, en su momento, generó un fuerte impacto. Primero por quién era la víctima y segundo por la presunta participación de policías con bandas delictivas.