Todo parece indicar que luego de aquel episodio de los cien respiradores mecánicos incautados por la Nación; de aquella mención presidencial crítica hacia la provincia por el cierre de frontera –falso, por otra parte–; del rechazo de la sugerencia mendocina para volver a activar las obras de construcción privadas y al de un protocolo sanitario muy rígido y controlado para que funcionaran otras actividades económicas de cercanía, como el comercio restringido en lugares específicos de la provincia; tras todo eso que se ha venido dando en medio de un equilibrio precario, por lo político y por la urgencia sanitaria que ha impuesto el nuevo coronavirus, por supuesto, el gobernador Rodolfo Suarez definitivamente ató su suerte –y la de los mendocinos– a la de Alberto Fernández.

Hay que decir que, desde una lógica puramente política y conservadora, claro está, no parece ser una opción descabellada la de Suarez. El presidente Fernández ha conseguido en los últimos días altos niveles de adhesión popular por la manera en la que está conduciendo la tremenda crisis, angustiante, lastimosa y aterrorizadora, del COVID-19. Ante la parálisis total, ha dirigido la ayuda –como corresponde– hacia los sectores de la sociedad más expuestos y vulnerables. La imagen del padre protector, proveedor, la del pater familias, todas con características similares adosadas a la tradición, además, fuertemente presidencialista arraigada en el país, son sin dudas impresiones muy poderosas como para resistirse a sus encantos y a la tentación de asumirlas en medio de la tempestad.

El miedo frente a lo desconocido ha hecho el resto. El esquema de alivio para algunos, y de salvataje lisa y llanamente para millones, hay que decirlo, ha dejado afuera a otros tantos millones de los sectores medios que para su desarrollo y subsistencia normal y planificada siempre han necesitado del movimiento de la economía, del comercio, aunque fuese mínimo, del emprendedurismo, del esfuerzo profesional, personal y también colectivo en una micro empresa familiar. En esas fronteras sociales hay poco y nada del Estado, salvo presión impositiva y hoy, además de coronavirus, también desesperación.

En un primer momento, el gobernador defendía la idea de mantener con vida algunas de las actividades económicas básicas, controladas y alejadas de las zonas densamente pobladas como para que las consecuencias económicas de la pandemia no llegaran a ser tan desoladoras como lo son y como las que se avecinan. No pudo impulsar la estrategia en medio de un clima que hizo virar la mirada hacia la presidencia y al Estado nacional. O quizás no quiso, evaluando el humor social que estaba en plena formación favorable hacia una fuerte presencia del Estado destinada a custodiar sólo y nada más que sólo la salud de los ciudadanos.

En una entrevista que concedió a Perfil el sábado, y que se publicara en dos partes, el presidente reafirmó el concepto y la decisión política de su conducción exclusivamente concentrada en la crisis sanitaria: es preferible un 10 por ciento más de pobres que 100 mil muertes por coronavirus, explicó Fernández.

Lo que sobrevendrá a la pandemia nadie lo sabe, desde ya. Sólo que la mishiadura económica será para todos. Pero así como el gobierno pudo ver antes que ninguno que si se empezaba temprano, tomando los ejemplos de Italia, particularmente, y de España, el combate contra el nuevo coronavirus podría llegar a ser menos desigual y por eso es que se ordenó el aislamiento, ese necesario encierro obligatorio junto con la paralización de todo lo que estaba en pie, no ha podido, sin embargo, y de la misma manera alumbrar algo equivalente para frenar en parte el desplome de las pymes y de cuanto empresario medio o con pocas espaldas se haya mantenido en pie hasta el 20 de marzo.

Y he allí uno de los déficits del Gobierno nacional en el que también cayó la administración de Suarez. La provincia podría haber insistido con un poco de más interés, actitud y presión legislativa quizás para que algunos de sus programas, de los que tenía elaborados, pudiesen haber sido aprobados por Fernández para ser llevados adelante en alguna parte del territorio provincial. Pero, hubo dudas y, posiblemente, temor a sufrir alguna que otra trompada de contenido político. Y también dejarse llevar por la fuerza de la corriente antes que salmonearla.

Cuando todo termine, habrán muerto cientos de pymes y emprendimientos económicos de diversa escala. Eso lo sabe todo el mundo. El punto es si todos lo comprenderán para cuando llegue ese momento y cuánto de todo lo que hoy no se ha hecho por las razones que fuesen, no será reclamado tras la pesadilla sanitaria. No hay que descartarlo, por cómo reacciona la sociedad o parte de ella frente a un problema consumado y que pudo ser mitigado.

En Mendoza, los empresarios metalúrgicos, junto con el área de Economía, tenían listo hasta el último fin de semana una estrategia de reactivación supeditada a la pandemia del COVID-19. Ese esquema, en general, fue reconocido también por el gobernador, e incluía un protocolo sanitario con un fuerte control municipal y provincial. Eso, más un programa adaptado a las particularidades del Valle de Uco, han sido abortados.

Durante el mes de marzo más de 60 por ciento de las empresas mendocinas debió apelar a las reservas para el pago de sueldos. Abril es una incógnita. La ayuda pergeñada desde el Estado no alcanzará. Es decir: los créditos para el pago de sueldos al 24 por ciento dicen en el sector empresario pyme son imposibles de tomar. Algunas provincias ya han bajado esa tasa al cero, como La Pampa, el pobre Chaco y San Juan parece avanzar en la misma dirección con los recursos de la minería. Aquí el Estado administrado por Suarez sólo podrá ofrecer entre 5 y 6 por ciento de rebaja y no más. Y a nivel nacional, como está visto, se hace carne un proyecto del kirchnerismo para sancionar con un impuesto un monto de fortuna determinado.

Hasta el viernes, cerca de 90 por ciento de los CUIT del universo hacia donde está destinado el crédito para el pago de sueldos no había logrado obtener la autorización por problemas de garantías que Fernández, en la conferencia de prensa del sábado, prometió resolver. La presión impositiva ha seguido una curva de igual a peor, antes y durante la pandemia, con lo que, en general, el panorama que se avecina es dramático, sin un programa de solución o de mitigación integral, que es lo que le ha faltado al Estado.