Una de las consecuencias de estos treinta días de cuarentena es la pérdida de fuentes laborales, más allá del decreto que prohíbe los despidos en todo el país. Pero la normativa no contempla, por ejemplo, que Argentina tiene entre 30 y 40 por ciento del mercado laboral en negro. Por lo tanto, es imposible regular y controlar el destino de esos trabajadores.
En este punto se produjo un agujero negro que muestra la pasividad de las instituciones estatales que deben evitar los abusos empresariales y premiar a aquellas firmas que, incluso en la crisis, se han manejado de manera transparente.
Durante este período se han repetido los reclamos de quienes se han visto extorsionados para violar la cuarentena bajo la amenaza de despido en actividades no exceptuadas, y hubo suspensiones y reducciones salariales sin –en todo caso– ningún tipo de acuerdo ni preaviso lógico. En todos los casos, un denominador común: el silencio estatal y gremial que actúa como cómplice.