En su primer día como gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, envió a la Legislatura el proyecto de modificación de la Ley 7.722 para flexibilizar la actividad minera, permitiendo el uso de sustancias químicas que actualmente están prohibidas, manteniendo sólo al mercurio entre los elementos no permitidos. 

La idea del oficialismo es lograr que se apruebe en ambas Cámaras antes de fin de año, siempre que tenga el apoyo del PJ. A pesar de que el radicalismo cuenta con los números para que avance, la idea es mostrar “consenso político” para avanzar en un cambio que genera rechazo en parte de la sociedad mendocina. 

No se trata de la única incertidumbre, ya que existen algunas dificultades en los plazos para llegar al 31 de diciembre con una “nueva” 7.722.

En primer lugar, las comisiones todavía no están formadas debido al recambio legislsativo que ocurrió hace dos semanas. Según detalló el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, el proyecto debe analizarse en tres de ellas: Legislación y Asuntos Constitucionales; Hidrocarburos, Minería y Energía; y Ambiente. Para que esto pueda ocurrir, tanto senadores como diputados deben establecer a los nuevos integrantes en sus próximas sesiones, es decir, este miércoles y el próximo martes.

Existe un segundo problema: las celebraciones de Navidad y Año Nuevo coinciden con los mismos días en que se debe sesionar. Aún así, el diputado radical Jorge Sosa indicó que existen mecanismos legislativos para avanzar si se desea, como convocar a sesiones extraordinarias.

“Las precisiones comenzarán a darse mañana, luego de las reuniones de los bloques sobre este tema. La intención del gobernador es clara si su primera medida es enviar este proyecto, pero qué tan rápido se logre dependerá de los tiempos legislativos”, indicó Sosa.

Las decisiones para establecer el calendario de tratamiento fue uno de los temas que más se discutió en la mañana de este martes en los pasillos y oficinas de la Legislatura. Luego de que se aborde en comisiones, se da paso para tratarlo en el recinto y luego se envía a la Cámara de Diputados, donde el proceso se repite.

Todo eso toma, como mínimo, cuatro semanas, a menos que se consiga mayoría especial para tratarlo sobre tablas en el recinto, sin que pase por las comisiones o se acuerden sesiones extraordinarias.

Al mismo tiempo, el peronismo no estuvo pendiente del proyecto este martes. Mientras el oficialismo debatía internamente sobre plazos, los legisladores del PJ estuvieron enfocados en la asunción de Alberto Fernández como presidente. De acuerdo con Lucas Ilardo, la postura del PJ se dará luego de estudiar el proyecto, ya que “todavía no se conocen los detalles”.

Por otro lado el senador Alejandro Abraham, uno de los dos legisladores justicialistas -el otro fue el malargüino Juan Agulles- en enviar un proyecto para modificar la ley “antiminera”, indicó que no hay una postura única, sino que existen diferentes intenciones de voto.

“Esto es algo que el oficialismo ha venido trabajando desde hace por lo menos un año y que ya habíamos señalado: se necesita reactivar la minería, tomando los recaudos necesarios”, apuntó.

Qué se modifica

La iniciativa habilita el uso de sustancias químicas que la actual ley prohíbe. El proyecto modifica cuatro artículos y agrega otros seis.

En primer lugar, se deja sólo la prohibición al mercurio y se aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia. Las DIA deberán contener informes de los municipios donde se encuentren, el Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y otros organismos que puedan ser relevantes. También deberá incluir una manifestación de impacto ambiental sobre los recursos hídricos.

El Artículo 4º establecerá que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, donde se creará la Policía Ambiental de Actividades Extractivas. Irrigación, por otro lado, se hará cargo del control específico y el seguimiento de cada emprendimiento minero, cuando pueda afectar las cuencas hídricas.

Además, todo proyecto deberá contratar un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales u otras eventualidades.

En los artículos agregados figura la creación de un portal público para que cualquier ciudadano pueda conocer el estado de avance de los proyectos mineros. Para controlar al Ejecutivo y a las empresas, se creará también la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y seguimiento de actividades extractivas. En caso de encontrar irregularidades, este órgano deberá informar a la Legislatura y realizar la denuncia correspondiente.

La provincia también podrá contratar auditorías internacionales, preferentemente de las Naciones Unidas y de las regalías mineras se destinará un porcentaje a un fondo para la gestión integrada de recursos hídricos y para infraestructura vial.