Este viernes será un día clave para el futuro de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Es que el gobernador Rodolfo Suarez volverá a la Ciudad de Buenos Aires- por segunda vez en la misma semana- para poner los papeles sobre la mesa y convencer a sus pares sobre el desarrollo de la megaobra.

En este encuentro el mandatario mendocino, que irá acompañado por Víctor Ibañez (Gobierno), se sentará a dialogar con el ministro del Interior, Wado de Pedro, y con los gobernadores de las provincias que integran el comité de la cuenca del Río Colorado (COIRCO). Hasta este jueves el resto de los mandatarios aún no definían si viajarían o, bien, si participarían a través de una videoconferencia.

Hay que recordar que la tensión saltó este mes cuando la Casa Rosada desarchivó un pedido de laudo presidencial de La Pampa para que se revise la declaración de impacto ambiental en el COIRCO y, como consecuencia, el presidente Alberto Fernández puso en duda el financiamiento de la “obra del siglo”.

La reunión será trascendental para la provincia, ya que el próximo 3 de julio esperan abrir los sobres de la licitación y el 28 de julio el Gobierno nacional debería transferir el cuarto desembolso de 18,5 millones de dólares.

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Es por eso que el lunes Suarez se adelantó y llevó su propuesta a la capital en busca de un acuerdo. En diálogo con el ministro político del presidente, el gobernador propuso que se realice una auditoría durante el proceso de construcción, además de la creación de un fideicomiso de 5 millones de dólares que podrá usarse en caso de incumplimientos de la provincia.

Ante esta propuesta, La Pampa adelantó su rechazo. El gobernador de la provincia vecina, Sergio Ziliotto, adelantó que no negociarán si el Coirco no es autoridad de aplicación, y si no se hace el estudio de impacto ambiental dentro del marco de la Ley Nacional de Obras Hidráulicas.

“Como está planteada, la obra no tiene ningún asidero”, dijo el mandatario pampeano.

Sin embargo, dentro del grupo de optimistas que rodea a Suarez, algunos se esperanzan con que el Gobierno nacional “ablande” su posición. Según trascendió, provincias como Buenos Aires, Neuquén y Río Negro podrían “aflojar” su postura. Para eso, Mendoza deberá convencerlos. Además de garantizar que la obra no les generará daños, se podría pedir un manejo conjunto de la represa y la presencia de un veedor.

Del otro lado, están los pesimistas, aquellos que señalan que la ejecución de la obra está supeditada a un problema “político”, lo que impide llegar a puntos de acuerdo.

Si bien oficialismo y oposición se muestran a favor de la construcción de la represa, “hay quienes sacan más rédito si no se hace”, aseguran por lo bajo. Mientras que otros- también con pocas expectativas- creen que todo desembocará en un conflicto judicial.