La Provincia tiene en la mira dos terrenos que se encuentran usurpados en Luján de Cuyo, según denuncia el Ejecutivo. Desde Asesoría de Gobierno informaron que la recuperación de los terrenos no debería presentar demoras.
El asesor de Gobierno, Ricardo Canet, señaló que el miércoles se constituyeron querellantes en la usurpación de Cacheuta y este viernes harán lo mismo con la de Potrerillos. En ambos casos se trata de personas que lotearon el sector, levantaron alambrados y colocaron carteles asegurando ser los dueños del lugar.
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“Seguiremos la causa para pedir el cese de delito, recuperar la propiedad y perseguir penalmente a los responsables. Generalmente es rápido, al menos en los casos donde nos ha tocado intervenir. No es una cuestión que demore si se demuestra lo que se sostiene: que la propiedad es de la Provincia y que se ha usurpado”, explicó Canet.
Respecto a los pasos a tomar, el asesor de Gobierno señaló que el cese de delito lo tiene que solicitar el fiscal y luego ordenarlo un juez. “La persecusión penal queda en manos del fiscal”, aclaró.
Los obradores de Cacheuta
El Ejecutivo reclama un terreno de 3.000 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 40 de la Ruta 82, en las cercanías de la antigua toma de la ex Central Hidroeléctrica Cacheuta. “Está en el interior de uno de los obradores de la presa de Potrerillos”, especificó Canet.
El terreno se encuentra registrado a nombre de Energía Mendoza Sociedad del Estado (EMSE). Cuando se liquidó esa empresa, pasó a ser administrado por el actual Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública.
La Municipalidad de Luján de Cuyo, que posee mediante comodato una fracción del terreno, denunció la situación en septiembre. Enrique Isuani, secretario de Gobierno de la comuna, detalló que se tuvo que intervenir en el lugar para evitar una expansión de la toma.
“Cuando tomamos conocimiento, ya estaban instalados. No pudimos sacarlos. Tiramos los alambrados con los que pretendían ampliar los lugares usurpados, la gente se puso frente a las máquinas y tuvo que intervenir el fiscal”, relató Isuani.
Los ocupantes se ubicaron en construcciones preexistentes, “viejas instalaciones del ferrocarril”. Isuani sostuvo que “claramente son vivos que quieren apropiarse de terrenos fiscales, no es gente que no tenga dónde vivir: son inescrupulosos que se aprovechan de las ‘debilidades’ que demuestra el Estado Nacional en cuanto a las usurpacciones”.
De hecho, un inspector detalló el 18 de septiembre que se habrían detectado movimientos de motos en picadas ubicadas a la margen izquierda del Río Mendoza aguas debajo de la presa, constatando también que se había colocado una tranquera sobre la huella con un cartel con la leyenda “Puesto los Barrancos del Ataurel Prohibido Pasar”. Dicha picada estaría dentro de los terrenos que fueron expropiados para la construcción de la Presa Potrerillos.
El Mesón de Potrerillos
En Potrerillos, la zona en conflicto es más amplia: casi 5.000 hectáreas, en las que se calcula que unas 200 personas se han repartido el lugar, mientras que algunos ya tienen viviendas precarias y otros están avanzando en la construcción de casas.
“En la gestión de Carlos López Puelles se presentaron una serie de planos, alentados por la municipalidad, mintiéndole a la gente y diciéndole que iban a poder quedarse con ese lugar. La comuna no tiene jurisdicción, no es dueña de ese terreno, no puede disponer de un bien que no es propio”, advirtió el secretario de Gobierno de Luján.
Cuando Omar de Marchi asumió, según relató Isuani, se frenó el avance de esos procesos. “Tuvimos que explicarles la verdad a los vecinos: esos terrenos son del estado provincial, no tenemos potestad para disponer de ellos”, indicó.
Isuani también mencionó que en la zona hay personas de otros departamentos e incluso de otras provincias “que buscan tener su cabaña en Potrerillos”.
A su vez, el decreto 1.450, publicado este jueves en el Boletín Oficial, asegura: “La Provincia de Mendoza resulta ofendida por dicho delito, resultando procedente y oportuno la constitución a través de Asesoría de Gobierno en querellante particular a fin de ser tenida como parte en la investigación y en tal carácter procurar acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados”.