Dos semanas se cumplen el martes desde que el empresario Diego Alfredo Aliaga (51) fuera visto por última vez en Guaymallén. Mientras la causa se mantiene secreta y la víctima sigue desaparecida, la incertidumbre reina en el expediente que lideran desde los Tribunales Federales por el presunto secuestro del ex despachante de aduana.

En el medio, la pareja que se encuentra detenida, Diego Alejandro Barrera (51) y Bibiana Elizabeth Sacolle (46), debía enfrentar este lunes una audiencia en la Justicia local por una causa de robo agravado por el uso de arma y por ser en poblado y en banda en la que están imputados desde hace alrededor de un año.

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En ese expediente, por un confuso hecho que no está claro si fue un asalto o un intento de usurpación, ambos están cada vez más cerca de ir a juicio. Llamativamente, la defensa del matrimonio no se conectó a la videoconferencia a través de la cual se iba a tratar el planteo de nulidad que había realizado.

Meses atrás, el abogado de Barrera y Sacolle había pedido al fiscal de Robos y Hurtos Daniel Sánchez Giol el sobreseimiento de la causa, pero este les negó esa posibilidad al entender que no estaban dadas las condiciones ni tampoco correspondía en esa instancia de la instrucción.

Ante eso, el defensor planteó la nulidad y también solicitó la recusación del representante del Ministerio Público. Tras la detención de Barrera y Sacolle, el abogado pidió en la OGAP, la oficina encargada de programar las audiencias penales, una nueva fecha pero esa posibilidad se le negó.

Tras la ausencia en la audiencia de este lunes, la jueza Carolina Rivera, del Juzgado Penal Colegiado N°2, dio por desestimado el recurso de nulidad presentado por el defensor. De ese modo, la misma ni siquiera será reprogramada y, para volver a tratar esa cuestión, el letrado deberá pedirle de nuevo.

Confuso episodio

El caso se registró el 24 de julio cuando un grupo de sujetos que fingían ser policías irrumpieron en una casona ubicada sobre calle Bandera de los Andes, en las cercanías de la Estación Terminal Mendoza (ETM).

Los supuestos efectivos abordaron a los habitantes y les hicieron creer que se trataba de un allanamiento de desalojo. Apuntándoles con las armas de fuego que portaban, los hicieron poner contra una pared y les exigieron que levantaran las manos.

Según las víctimas del hecho, los individuos requisaron la propiedad y, a través de ese registro, se quedaron con dinero que tenían guardado y con algunas alhajas, contaron fuentes cercanas al expediente. Posteriormente, intervino la policía y, quienes fingían ser integrantes de la fuerza, se dieron a la fuga del lugar.

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Los residentes de la propiedad aseguraron posteriormente a las autoridades judiciales, que habían reconocido a dos personas entre los supuestos asaltantes: se trataba de Barrera y su esposa.

Según el relato de los denunciantes, los conocían porque ellos manejaban una playa de estacionamiento colindante a la vivienda. Ambas propiedades solían pertenecer a una empresa originaria de Buenos Aires, y de cuyos dueños no se había sabido nada en mucho tiempo.

Incluso, según los actuales habitantes del lugar, los propietarios les habían dado permiso para vivir en el lugar hace unos diez años y hasta habían iniciado el proceso de prescripción adquisitiva con el objetivo de quedarse legalmente con el inmueble.

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Las víctimas agregaron que Barrera y Sacolle habían “usurpado” el sector de la playa de estacionamiento y también tenían pensado quedarse con la casa.

Con respecto al robo, no pudieron establecer si fue la pareja la que les quitó el dinero y las pertenencias o si fueron las personas que los acompañaban. Pero sí pudieron señalarla con seguridad como autora del hecho en las declaraciones que plasmaron en el expediente.

Básicamente, esa es la única prueba fuerte que compromete a Barrera y Sacolle. Pero ese y otros elementos les permitirán al fiscal del caso elevar la causa a juicio en los próximos meses.

Sin noticias

Hace trece días que la familia de Diego Aliaga no tiene noticias sobre él. Fue el martes 28 de julio por la tarde cuando el empresario salió de su casa del barrio privado Palmares, en Godoy Cruz, para encontrarse con su socio, Barrera.

Ambos habían quedado en reunirse en un predio de Rodeo de la Cruz que habían adquirido como parte de los negocios que tenían en conjunto, donde tenían planeado levantar un centro de rehabilitación.

A partir de ese momento, el destino de Aliaga se tornó confuso. Jamás regresó a su domicilio, del cual había salido en una camioneta que le prestó su vecino, ya que la suya debía ser reparada.

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Pero el rodado del vecino fue llevado de vuelta al complejo privado por Barrera, según captaron las cámaras de seguridad del lugar.

En la casa de Aliaga se constató que había sectores revueltos y que faltaban algunos documentos.

Horas después de la desaparición, mientras la familia del ex despachante de aduana intentaba comunicarse con él sin éxito, su hermano recibió una llamada. El interlocutor le dijo que tenían a Diego secuestrado y le exigieron un millón de dólares para liberarlo. Debido a esto, el caso es investigado como secuestro extorsivo.