Mientras se encamina a enfrentar dos juicios que podrían definir gran parte de su futuro intramuros, una historia paralela y desconocida volvió a poner en escena a Leandro Emanuel Contreras Sottile, el barrabrava de Independiente Rivadavia conocido como “Chupete”, que permaneció prófugo durante más de diez años por un asesinato cometido en Guaymallén.
Se trata de una disputa por su hija, una niña que actualmente tiene 7 años y vive en Chile, cuya abuela materna denunció que fue sacada ilegalmente de Mendoza mientras el acusado permanecía oculto utilizando diferentes identidades falsas.
La situación derivó en una investigación que comenzó en la Justicia federal y terminó recalando en la provincial hace pocas semanas. En el medio se presentaron denuncias por la presunta sustracción de la menor, sospechas sobre documentación falsa, una salida del país sin registros migratorios, una batalla familiar por la custodia y el antecedente de la muerte de la madre de la pequeña, quien se suicidó.
La denuncia fue presentada por Griselda Méndez, abuela materna de la criatura. Según expuso ante las autoridades en julio del 2024, la niña habría sido trasladada a Chile por familiares paternos a fines de 2023.
La mujer sostuvo que la niña salió de Mendoza junto a Jimena Contreras, hermana de “Chupete”, y que posteriormente quedó viviendo en la ciudad chilena de La Serena con sus abuelos paternos. Todo esto mientras el sujeto se encontraba prófugo del hecho de sangre ocurrido en el 2013.
La presentación llegó inicialmente a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y luego fue remitida a la Justicia federal. Allí se denunció que la niña habría sido llevada al vecino país a través del paso internacional de Agua Negra utilizando documentación falsa y que incluso se le habría modificado la identidad. La abuela aseguró además que un tribunal chileno había otorgado la tenencia de la menor a Jaime Patricio Contreras Sottile, padre del acusado.
La doble vida del “Chupete”: de homicida prófugo a asaltante con DNI chileno
Un simple control de identidad tras un asalto destapó una de las historias criminales más sorprendentes de Mendoza en los últimos años. Se trata de un barrabrava del club Independiente Rivadavia que fue acusado de disparar siete tiros contra un grupo…
Un caso extraño y una lucha extensa
La historia familiar se remonta a varios años atrás. La niña, de quien se reserva su identidad, nació en Chile y vivió allí junto a su madre. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente federal, ambas regresaron posteriormente a Mendoza para alejarse de un contexto conflictivo.
Sin embargo, en octubre de 2023 la situación cambió drásticamente. La madre de la menor se quitó la vida y su hija quedó bajo el cuidado de familiares maternos en nuestra provincia.
Según la denuncia, pocos meses después la menor salió a pasear con una tía paterna y nunca regresó. La familia materna sostiene que fue trasladada a Chile sin autorización judicial y sin que existieran permisos para abandonar el país. También aseguró que no había registros migratorios de salida a través de los pasos legales.
Cuando la pesquisa avanzó, comenzaron a surgir datos que llamaron la atención de los investigadores. Méndez afirmó que durante una audiencia celebrada en Chile descubrió que la niña tenía documentación chilena y que figuraba con una identidad diferente. Según su relato, aparecía registrada con un nombre particular (se reserva por tratarse de una menor), cuando anteriormente utilizaba otro apellido.
La causa quedó inicialmente bajo la órbita del fiscal federal Fernando Alcaraz. Durante la instrucción se ordenaron medidas de prueba, se incorporaron informes migratorios, actuaciones judiciales chilenas y declaraciones testimoniales.
Sin embargo, tras analizar el expediente, el representante del Ministerio Público concluyó en abril de este año que no existían elementos suficientes para sostener la hipótesis de trata de personas ni otros delitos de competencia federal.
Alcaraz entendió que tampoco se había acreditado el uso de documentación falsa ni la existencia de maniobras vinculadas a delitos federales. Por el contrario, consideró que los hechos denunciados podían encuadrarse, eventualmente, en una presunta sustracción de menores, figura prevista en el artículo 146 del Código Penal y cuya investigación corresponde a la Justicia ordinaria.
En su dictamen destacó además que la niña es de nacionalidad chilena, que reside en ese país y que distintas intervenciones de organismos de protección de derechos no habían detectado situaciones de vulnerabilidad. También valoró que existían actuaciones en tribunales de familia de Mendoza y de Chile relacionadas con la situación de la menor.
Con esos argumentos solicitó declinar la competencia federal. El planteo fue aceptado por el juez federal Marcelo Garnica y el expediente terminó siendo remitido a la provincia.
Actualmente, la investigación se encuentra en manos del fiscal de Delitos No Especializados Martín Lucero, destacaron fuentes judiciales consultadas por El Sol.
Justamente, la abogada querellante Ángeles Mandarino, quien había solicitado la incorporación de diferentes pruebas en la causa federal, buscaba poder ser constituida en representación de la abuela materna en la causa provincial con el objetivo de conocer qué tipo de medidas se tomaron desde que el expediente cambió de fuero.
El hermetismo que rodea el caso
Esta historia llegó a la Justicia federal un tiempo antes de que Contreras Sottile fuera capturado, quien durante años logró permanecer fuera del alcance del radar policial.
Su detención se produjo en abril del año pasado luego de un robo perpetrado en la Galería Tonsa, en pleno centro. Lo que parecía un procedimiento rutinario terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos policiales más importantes de los últimos años, tal como reveló este diario.
Cuando fue apresado, se identificó como Diego Sebastián Guerrero Paz, un supuesto ciudadano chileno. Sin embargo, las sospechas de los detectives llevaron a realizar verificaciones biométricas y cotejos dactilares que terminaron revelando su verdadera identidad.
Detrás de aquella documentación se escondía el hombre que tenía pedido de captura desde 2013 por el asesinato de Lucas Fabián Bruno.
La reconstrucción de ese expediente sostiene que el 28 de octubre de aquel año Contreras Sottile llegó a bordo de un Fiat 147 blanco hasta la esquina de Amigorena y Corrientes, en Guaymallén. Allí descendió armado con una pistola Bersa calibre 22 y efectuó siete disparos contra un grupo de jóvenes que se encontraba reunido en el lugar.
Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Bruno, quien murió en el lugar. Otro alcanzó a Juan Ignacio Marino Muñoz, que sobrevivió al ataque. Tras el hecho, el sospechoso desapareció.
Durante más de una década, permaneció prófugo. La causa continuó abierta y el entonces fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello (actualmente fiscal adjunto de la Procuración) mantuvo vigente la búsqueda. Incluso el expediente avanzó con distintas medidas probatorias cuando el caso se acercaba a los plazos de prescripción.
Tras la detención en el paseo comercial, el expediente se reactivó definitivamente. Entre otras medidas, volvió a declarar Marino Muñoz, considerado uno de los principales testigos, quien señaló nuevamente a Contreras Sottile como el autor de los disparos.
De acuerdo con las fuentes, mientras espera sentarse en el banquillo por el homicidio de Bruno y por el asalto que terminó revelando su verdadera identidad, el otro frente judicial sigue abierto, la disputa por el destino de su hija, en lo que se busca determinar cómo llegó la niña a Chile y si durante ese traslado se cometió algún delito.