El juez de la causa Aliaga, Marcelo Garnica, coincidió con la investigación de la fiscalía y amplió el martes el procesamiento contra los cuatro principales acusados que tiene el expediente por el secuestro y asesinato del empresario de 50 años. Mantuvo la prisión preventiva (ya dictada el 9 de setiembre) y analizó la prueba en detalle para sostener la pesquisa.
Procesó al denominado quinto detenido del caso, Washington Yamil Rosales, y también le dictó la medida cautelar que afecta la libertad al entender que tuvo participación directa en el hecho investigado.
Así las cosas, la situación de los sospechosos que tiene la causa policial más impactante de los últimos años en la provincia es más que complicada de cara al esclarecimiento del hecho.
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De toda la prueba analizada por el juez de instrucción en la resolución que se ventiló este martes (registros de cámaras de seguridad, escuchas telefónicas, declaraciones testimoniales, informes forenses, por citar algunas) se destacó la confesión a través de un escrito de menos de una carilla que hizo Diego Alejandro Barrera (51) el 5 de octubre y la manifestación que realizó su familia también procesada (su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijos de la mujer, Gastón y Lucas Curi) desligándose de cualquier tipo de delito.
Firmado por sus abogados y sus asistidos, Barrera expresó en el escrito titulado Indagatoria: “1- Diego Aliaga se me murió, nunca quise que perdiera la vida. Todo el hecho y el fallecimiento sucedieron en medio de una fuerte agresión mutua en calle Bandera de los Andes 9846 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, el día 26 de julio del 2020 en la mañana temprano. Ningún integrante de mi familia intervino en este hecho. Todo lo que sucedió no fue planeado, jamás lo secuestré. No sabía dónde estaba el cuerpo de Diego Aliaga. 2- Mi Sra., Bibiana Sacolle, no sabía absolutamente nada; ella no participó en nada, sólo posee una empresa de transporte (es empresaria). Mis hijos de crianza Gastón Curi y Lucas Curi, tampoco tienen participación alguna en el hecho. Después del fallecimiento no supe qué hacer, se me vino el mundo abajo y arrastré a esto a mis seres queridos por miedo y terror, estaba muy asustado. Todo lo que denuncié en su oportunidad es verdad. Pido disculpas a la familia Aliaga por el dolor y la incertidumbre por este hecho no querido. Estoy arrepentido de todo lo sucedido. 3- Es mi voluntad ampliar esta declaración frente a un juez competente. 4- No voy a contestar preguntas.”
Por su parte, los hermanos Curi y su madre señalaron que no tuvieron nada que ver con el secuestro y la muerte de Aliaga y que se dedican a reparar baterías y a la empresa Solcito, respectivamente. Coincidieron con Barrera y que contestarían preguntas y que ampliarían su declaración ante un juez cuando lo estimen correspondiente.

Garnica hizo un estudio de las declaraciones y afirmó que “resultan insuficientes para validar la hipótesis defensiva”. Señaló que contaba con escuetas manifestaciones y que sólo intentaron desvincularse de los hechos atribuidos “pero sin prueba que sustente dicha hipótesis y frente a numerosos elementos probatorios que dan cuenta de su concreta intervención en el suceso delictual investigado…”, explicó.
El juez se basó en el análisis que también realizó el fiscal Fernando Alcaraz, quien viene instruyendo la causa prácticamente desde los primeros días de la desaparición del empresario, a fines de julio, con respecto a la “confesión” de Barrera.
Con respecto a la afirmación: “Se me murió, nunca quise que perdiera la vida”, el representante del Ministerio Público entendió –tal como citó Garnica- que “esta afirmación no se corresponde con las constancias de la causa. Lejos de parecer una muerte imprudente o con dolo eventual, más allá de no contar con el informe final de la necropsia, podemos inferir, de la forma en la que se encontró el cadáver de la víctima, que fue mantenida con vida para obtener algo de aquel mediante distintas coacciones. En tal sentido apreciamos que la víctima había sido vendada en sus ojos, estaba encintada la boca y entre la cinta y el cuerpo, dentro de la boca, tenía un trapo y la cabeza con un –denominado– cuello polar”.
Y agregó: “Esta descripción habilita a sostener, mediante las reglas de la lógica y la experiencia común, que la víctima primero fue sometida; luego de conseguir sus objetivos, los coautores y la coautora le dieron muerte”.
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Por último, el dictamen del fiscal asegura que “el objeto inicial del secuestro de la víctima habla a las claras de la necesidad de que la víctima se mantenga con vida para, primero, obtener los bienes que pretendían que eran propiedad de Aliaga; segundo, para obtener el rescate solicitado el día 30 de julio en horas del mediodía”.
Garnica también citó a Alcaraz y su estudio de la indagatoria escrita de Barrera respecto de la expresión “el fallecimiento sucedió en medio de una fuerte agresión mutua en calle Bandera de los Andes…”.
Para el fiscal Alcaraz, esta manifestación tampoco va de la mano de las pruebas que hay en la causa. Es más, señaló que en las actas de aprehensión de Barrera (el lunes 3 de agosto en la casa que habitaba en el barrio Dalvian, una de las propiedades en conflicto con Aliaga) no dieron cuenta de ninguna lesión visible.
Y, en segundo lugar, destacó que, dos días después de la desaparición de Aliaga, su hermano Gonzalo no mencionó en su declaración testimonial haber visto lesiones de algún tipo en Barrera ni expresó desarreglos en el teatro del hecho, es decir, la propiedad de calle Bandera de los Andes.
Además, respecto de la expresión: “…Todo lo que sucedió no fue planeado, jamás lo secuestré”, dijo que esto tampoco se corresponde con las pruebas del legajo judicial.
Y mencionó uno de los indicios más importantes en uno de los informes tecnológicos que la policía de Investigaciones sostiene desde un primer momento.
El mismo señala que Barrera, luego de pasar la noche fuera de su casa, con dos mujeres y Diego Aliaga en el hogar Palmares de este último, “se dirigió al predio de Bandera de los Andes 9846, llegando a la hora 6.40, luego recibiendo una camioneta Sprinter de la empresa Solcito que ingresó al lugar pasadas las 8 –conducida presuntamente por Yamil Rosales– posteriormente se advierte claramente el vehículo de Gastón Curi haciendo movimientos en distintos puntos de la calle Bandera de los Andes, y finalmente se observó llegar a la víctima e ingresar al lugar, pero no salió nunca más, ni fue vista desde ese momento. Las pruebas colectadas arrojan solidez a la hipótesis acusatoria de que la víctima fue llevada hasta el galpón de calle Jujuy 840, lugar donde se encontraba Lucas Curi. Asimismo, el movimiento de distintos vehículos previo al ingreso de la víctima evidencia una mínima organización, que se aprecia definitivamente en la apreciación global del hecho”.

Básicamente, la Justicia entiende que Barrera y su familia –con la ayuda de Rosales– secuestraron a su socio para obligarlo a firmar papeles que le permitían quedarse con ciertos bienes muebles e inmuebles (autos y casas de lujo) y también destruir documentos que confirmaban que el verdadero propietario o inversor principal de todo era Diego Aliaga.
Lo secuestraron para ganar tiempo, lo asesinaron y ocultaron el cadáver entre los primeros días de agosto y el 10 de setiembre.
