Después de las multitudinarias manifestaciones en rechazo a la modificación de la ley 7.722 y con la férrea decisión del gobierno provincial de aplicar los cambios con la reciente promulgación, el Ejecutivo comenzó a delinear los esquemas de control de la actividad y el rol de la policía ambiental con una agenda de consulta a especialistas en el tema.
Al mismo tiempo, las asambleas por el agua pura y parte del sector político trabajan la presentación de acciones de inconstitucionalidad, como también amparos colectivos.
El subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, señaló que ahora están enfocados a trabajar “en lo que la ley nos demanda, estableciendo con parámetros internacionales cómo van a ser las auditorías y capacitando al personal que va a formar parte de la policía ambiental”.
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Guiñazú advirtió que ahora comienza un proceso largo, tanto para los inversores que quieran hacer las exploraciones como para que los distintos organismos actuantes se adecúen a lo que establece la nueva ley.
“Vamos a convocar a los especialiistas que entienden en esta materia en el mundo para buscar los mejores estándares y también avanzar con la empresa provincial minera, pero eso no va a ser mañana, llevará un tiempo”, explicó el funcionario.
Marchas y demandas en la Justicia
Si bien las protestas y las manifestaciones continuarán en las rutas mendocinas, ahora, el rechazo a la habilitación del cianuro y al ácido sulfúrico en la actividad minera tendrá su nuevo capítulo en la Justicia.
Verónica, integrante de las asambleas de San Carlos, informó que desde su agrupación ya comenzaron a asesorarse con el abogado especialista en Derecho Ambiental, Enrique Viale, para llevar sus reclamos a la Justicia.
“Como lo hizo en 2015, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró la Constitucionalidad de la 7.722 y ahora seguramente reconocerá que esta reforma viola los principios que tienen las leyes que protegen el ambiente”, señaló.
Por su parte, el ex intendente de San Carlos y autor de la Ley 7.722, Jorge Difonso indicó que los equipos técnicos están analizando qué formato se le dará a la demanda judicial, ahora que las modificaciones ya fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo.
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“Yo mismo hablé con el gobernador ayer y le pedí que frente a la contundente manifestación popular en contra del avance de la minería contaminante, reflexionara. Lamentablemente, no hubo marcha atrás. Más allá de lo que se haga paralelamente en la Justicia, esta acción ciudadana como nunca antes ocurrió en Mendoza, va a seguir adelante”, aseveró el diputado sancarlino.
Por su parte, el senador Marcelo Romano (Protectora) confirmó que junto al diputado Mario Vadillo están trabajando en distintas presentaciones, las que tendrán una coherencia con las que se elaboren desde las asambleas ciudadanas por el agua pura, “para que todo esto finalmente llegue a la Suprema Corte de Justicia, la que confirmará la inconstitucionalidad de esto que han hecho radicales y peronistas a espaldas de las bases”.