Más de 240 mujeres que no tenían posibilidades de insertarse laboralmente accedieron a un trabajo a través de la iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), denominada Cadenas de Valor, siendo la de más reciente creación la de Cuyo, entre Mendoza y San Juan, con unas 30 unidades productivas. El subprograma del INTI articula actividades de productores, artesanos y comercializadores en varias zonas del país y generó empleo para más de 250 personas, de las cuales 96 por ciento son mujeres. La cadena de valor textil artesanal más avanzada reúne a 100 trabajadores, en diferentes unidades productivas en la cadena ubicada geográficamente desde Córdoba capital hasta Capilla del Monte, en el valle de Punilla.

     Así lo explicó Marcela Malaragno del INTI, para agregar que “esta cadena es la más evolucionada, por lo que la comercialización avanzó a la generación de una red de agentes comerciales que realizan giras para ubicar los productos en los puntos turísticos. El modelo de la cadena de valor se replicó en Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Cuyo. En Entre Ríos, el corredor abarca desde San José Feliciano hasta Paraná, con 50 unidades productivas en las que trabajan entre 70 y 80 personas. La cadena bonaerense se ubica en Lamadrid y localidades aledañas, como Líbano, Ponteaut y Colina, y abarca a 40 unidades productivas que generaron empleo para 50 personas. “Las unidades productivas son unipersonales o familiares”, apuntó Malargnoy añadió que los trabajadores se “inscriben en la AFIP a través del Monotributo Social”, lo que les permite, a su vez, acceder a “jubilación y obra social”.

EN MENDOZA Y SAN JUAN. Ya hay 30 unidades productivas. que se cometieron en el arbitraje condenatorio contra el país en el caso de la empresa francesa Vivendi y la concesionaria Compañía Aguas del Aconquija, que fue concesionaria del servicio de aguas en la provincia de Tucumán. La Procuración reclamó que se inicie una investigación sobre la denuncia que realizó el juez holandés Jan Hendrik Dalhuisen basado en que miembros de la Secretaría del CIADI mantuvieron contacto con los integrantes del Comité de Anulación para intentar influir en la decisión. En concreto, Argentina reclama que en el proceso arbitral iniciado por las empresas Vivendi y Aguas de Aconquija, “se violaron los principios de imparcialidad y debido proceso, afectando los derechos de la República Argentina, al resolver arbitrariamente en forma desfavorable a nuestro país”.