La Legislatura rechazó analizar el amparo que un grupo de abogados presentó contra el decreto del gobernador Rodolfo Suarez que, en medio de la cuarententa, organiza las salidas según la terminación del número de DNI.

La iniciativa generó un debate previo al inicio de la reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, pero no llegó a conseguir el apoyo suficiente dentro del oficialismo para presentarse formalmente.

El impulsor fue Jorge Difonso, diputado del Frente Renovador que se muestra como un aliado crítico del gobierno de Suarez. Pero desde la comisión señalaron que, dado que el amparo se encuentra en el Segundo Juzgado de Gestión Asociada, ámbito del Poder Judicial, la Legislatura no tiene lugar para intervenir.

En el radicalismo decidieron no aportar mayores detalles, precisamente por no haberse llevado al ámbito de LAC. “La charla versó sobre la posibilidad de que la Legislatura hiciese algo, para un lado o para el otro, pero no podemos al estar el tema en la Justicia“, explicó la diputada María José Sanz (UCR), quien remarcó que el debate no pasó de una conversación informal.

“Distinto sería que el pedido estuviese en una comisión”, añadió Sanz. Sin embargo, la comisión de Derechos y Garantías no está funcionando, en tanto que la de Seguimiento y Control no está conformada. Ambas, son ámbitos de contralor del Ejecutivo. Es por esto que se buscó traer la discusión a LAC.

El diputado del PRO Gustavo Cairo coincidió también en que la Legislatura debe mantenerse al margen. “Al estar judicializado el amparo, es poco lo que se pueda tener para aportar desde este lugar. La iniciativa tampoco entró formalmente en el orden del día”, indicó.

La propuesta de tratarlo se planteó por videollamada, ya que toda la Legislatura se encuentra funcionando bajo esta modalidad. Al mismo tiempo, algunos miembros de la comisión señalaron que el debate reflejó una grieta en el Frente Cambia Mendoza.

“Es un problema de bloque traído a la comisión que era más fácil presentar como propuesta unificada”, señalaron desde la oposición.

En este sentido el presidente del bloque justicialista, Germán Gómez, destacó que se trata de “un problema interno dentro del FCM del que no queremos participar”.

“Más allá de las posiciones personales, la cuestión está judicializada. Al mismo tiempo, el presidente puede abrir la comisión para escuchar a quien considere, no habría problemas con eso. El debate en realidad era un tema interno”, evaluó Gómez.

Por su parte el diputado Mario Vadillo (Protectora) coincidió con el análisis del peronismo, ya que las alternativas planteadas fueron sacar un proyecto para rectificar la situación o mediar entre el amparo y el Ejecutivo, pero el propio oficialismo lo frenó. “Esto revela una fisura y es entendible. Son cuestiones ciudadanas: el amparo lo presentaron arriesgando su patrimonio, se trata de un problema social”, mencionó.