Una situación para el escándalo se ha dado en el juicio contra los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Ricardo Jaime, por la compra de los trenes chatarra a España y Portugal. Uno de los magistrados, José Martínez Sobrino, decidió apartarse de la causa porque cumplió 75 años y ahora la defensa ha solicitado la nulidad del juicio ya que el juez nunca presencia el debate, dificultando de esta manera reproducir la prueba.

Se trata de una situación compleja que ya había sido advertida por la fiscal Gabriela Baigún. Por ende, la fiscal pidió que sean rechazados los recursos de nulidad y pidió que el juez del Tribunal Oral Federal 6 vuelva a su función. El proceso lleva 10 años y estaba en su recta final, ya que la sentencía podría darse entre fines de marzo y principios de abril.

Esta estipulado que el magistrado fuera reemplazado en lo que restaba del juicio por Ricardo Basílico, cuarto juez suplente. Los otros integrantes del tribunal son Julio Panelo y Fernando Canero.

Para resolver el problema, se determinó un cuarto intermedio hasta el lunes para definir si Martínez Sobrino retoma su cargo y, por otro lado, analizarán los pedidos de la defensa de los ex funcionarios kirchneristas. 

Por su parte, Martínez Sobrino considera que no puede dictar ninguna resolución si no hay un nuevo acuerdo del Senado, según lo establece la Constitución nacional. 

En tanto, Baigún había solicitado una condena de 4 años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal por el delito de administración fraudulenta y de 8 años para el entonces secretario de Transporte por administración fraudulenta y cohecho. 

Ambos fueron acusados de comprar material ferroviario a España y Portugal durante la gestión de Néstor Kirchner por 100 millones de euros. A España se le pagó 76 millones de euros por más de 1.000 coches, furgones y locomotoras que no estaban en condiciones de circular. A Portugal, en tanto, se le adquirió unidades por 25 millones de euros. 

Para la Justicia, no sólo se concretó la compra de material que no podía utilizarse, sino que también se pagaron sobreprecios.

En 2017, la causa fue elevada a juicio oral por el juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Federico Delgado.